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Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada confirma comiso y privación de dominio de 22 bienes al exdiputado Tony Hernández

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Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha confirmado, por unanimidad de votos, el comiso y privación de dominio de 22 bienes pertenecientes al exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado y a su esposa Miriam Vanessa Cruz Sierra.

El fallo del tribunal de segunda instancia desestimó la mayoría de los agravios presentados por la defensa de los titulares de derecho, pero reformó parcialmente algunos aspectos relacionados con los montos no justificados por los titulares de los bienes.

Estos bienes incluyen más de 3 millones 650 mil lempiras distribuidos en 18 cuentas bancarias, así como tres vehículos y una propiedad.

Juan Antonio Hernández, quien no pudo justificar el origen de la mayoría de sus activos, enfrenta el comiso de 13 de los 14 bienes bajo investigación, que incluyen montos millonarios en cuentas bancarias y vehículos.

En total, el valor de los activos no justificados por Hernández asciende a más de 12 millones de lempiras, de los cuales el tribunal decidió mantener la privación de dominio de un total de 4 millones 829 mil 873 lempiras.

Asimismo, la Corte ordenó la devolución de un vehículo, al no haberse encontrado evidencia suficiente sobre su adquisición ilícita.

En cuanto a Miriam Vanessa Cruz Sierra, la Corte de Apelaciones determinó la privación de dominio de 10 bienes por un valor de 5 millones 798 mil 591 lempiras, de los cuales 1 millón 913 mil 448 lempiras no fueron recuperados.

Los bienes sujetos a comiso incluyen cuentas bancarias y otros activos que en su conjunto suman más de 8 millones de lempiras. Estos valores se sumarán al resultado de una investigación sobre un inmueble relacionado con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), que sigue bajo evaluación.

Este fallo reafirma la condena impuesta por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito en febrero de 2023 y refuerza la acción del Estado hondureño en la lucha contra el enriquecimiento ilícito y el crimen organizado.

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