El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha anunciado la retirada "inmediata" de su país de la Corte Penal Internacional al considerar que Filipinas fue "engañada" cuando se adhirió en 2011 al Estatuto de Roma, el tratado redactado en 1998 que dio lugar a un tribunal transfronterizo con competencias para investigar y juzgar la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, guerra y genocidio, entre otros. Hace unas semanas, un fiscal del tribunal abrió una investigación preliminar para dilucidar si existe jurisdicción para juzgar al líder filipino por las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de su "campaña antidrogas".

El presidente alega que Manila fue "engañada" cuando suscribió el Estatuto de Roma.

El anuncio se produce un mes después del inicio de una investigación preliminar en la Corte para dirimir si su campaña de ejecuciones extrajudiciales constituye delito de lesa humanidad.

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"Declaro y doy aviso inmediato, como presidente de la República de Filipinas, de que Filipinas retira de inmediato su ratificación del Estatuto de Roma", afirmó mediante un documento de 15 páginas difundido por su oficina, donde se califica a la institución como un "instrumento político contra Filipinas".

Duterte advirtió que ignorará el requisito que obliga a esperar un año desde su notificación por escrito a Naciones Unidas hasta la retirada efectiva de un país del Estatuto de Roma. "No es aplicable en lo que respecta a la efectividad de la retirada de Filipinas como signatario del Estatuto de Roma, porque parece que se produjo un fraude al suscribir dicho acuerdo". Según el filipino, el engaño radica en que se les hizo "creer que se observaría el principio de complementariedad, que prevalecería el principio del debido proceso y la presunción de inocencia tal como lo ordenan nuestra Constitución y el Estatuto de Roma".

Aunque el líder filipino se acoge a un defecto de forma -alega que la ratificación del Estatuto nunca fue publicada en la Gaceta Oficial de Filipinas (equivalente al BOE), "y sin la publicación legal requerida, el Estatuto de Roma no es efectivo ni es aplicable"- su decisión es una clara respuesta de la Corte Penal Internacional de comenzar un análisis preliminar para investigar si existe delito en su campaña antidroga, que ha matado a más de 7.700 personas desde que accedió al poder, en junio de 2016.

El pasado 8 de febrero, el fiscal del CPI Fatou Bensouda anunció la apertura de una investigación aplaudida por las ONG, que llevan más de un año denunciando la campaña criminal disfrazada de operación antidrogas que está plagando de cadáveres los barrios más desfavorecidos de Filipinas.

"Los delitos que se han cometido desde que el presidente Duterte ocupó su cargo alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Por desgracia, las autoridades de Filipinas no se han mostrado ni dispuestas ni capaces de llevar a los responsables ante la Justicia, por lo que la auténtica esperanza de las víctimas recae ahora en la CPI", estimaba entonces James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.

El tribunal actúa tras admitir a trámite una demanda particular que exigía juzgar a Duterte por los asesinatos en masa cometidos durante su etapa como alcalde de Davao (entre 1998 y 2016), en la que se jactó de haber "limpiado" de narcotraficantes y consumidores la sureña isla de Mindanao, así como por las impunes muertes que se está cobrando la policía filipina en su actual "campaña antidroga".

En el mismo documento emitido por la Presidencia, Duterte admite que la retirada se produce "por los ataques infundados, sin precedentes y escandalosos contra mi persona y contra mi administración diseñados por funcionarios de las Naciones Unidas, así como también por el intento del fiscal especial de la Corte para dejarme bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en violación del debido proceso y de la presunción de inocencia garantizada por la Constitución filipina e igualmente reconocida por el Estatuto de Roma".

"Responsabilidad legal"

El anuncio del jefe del Estado filipino se produce después de que el propio Duterte recordase en varias ocasiones que "asume toda la responsabilidad legal" de los crímenes que están siendo cometidos por los uniformados y los escuadrones de la muerte, acusados por los defensores de Derechos Humanos de estar librando una "guerra contra los pobres" donde se contrata a asesinos a sueldo, se roba a las víctimas, se organizan ajustes de cuentas y se falsifican con impunidad los informes oficiales sobre los asesinatos.

Tras conocerse el inicio de la investigación preliminar, que debe decidir si la Corte tiene jurisdicción para indagar las acusaciones, el portavoz presidencial filipino Harry Roque anunció que "el presidente da la bienvenida a la investigación porque está harto y cansado de ser acusado de la comisión de crímenes contra la Humanidad". Pero son bien conocidos los cambios de humor de Duterte, un autoritario presidente que no duda en amenazar con aplicar la ley marcial en todo el país, encarcelar a sus críticos y adversarios políticos o arengar a sus hombres con las consignas más extremistas: hace unas semanas, animaba a sus uniformados a "disparar en la vagina" a las combatientes comunistas "porque sin ellas son inútiles".

El presidente filipino ha acusado de "sesgados" a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas, cuyos investigadores son una prueba del "doble rasero internacional". El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, sugirió hace pocos días que Duterte debería someterse a "una evaluación psiquiátrica" tras las amenazas e insultos proferidos por el jefe de Estado contra los investigadores de la ONU y en especial contra la relatora especial para las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas, Agnes Callamard: Duterte había confesado su deseo de "abofetearle" en un discurso caracterizado por las obscenidades.

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