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Un nuevo “infierno” para los líderes de las maras

Un nuevo “infierno” para los líderes de las maras

Prisión Nacional Marco Aurelio Soto. Honduras. Tres de la mañana de una calurosa noche de mayo. Varios de los presos más peligrosos de uno de los países más peligrosos del mundo duermen plácidamente en sus celdas. Algunas son tan lujosas que cuentan con nevera, pantalla de plasma y consolas de videojuegos. Un estruendo rompe el sueño de los reos. Son las hélices de un helicóptero. Ha llegado el día: vienen a por ellos.

La policía militar entra tres horas después en el recinto penitenciario. Separan a los encarcelados más peligrosos: los líderes y mandos medios de las mayores pandillas del país, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Sus vidas están a punto de cambiar drásticamente. Van a ser transferidos, por orden del presidente Juan Orlando Hernández, a La Tolva. Es una de las dos nuevas prisiones de alta seguridad del país, consideradas como un “infierno” por sus inquilinos y erigidas para intentar reducir los índices delictivos de unas pandillas que siguen ordenando asesinatos, extorsionando y controlando el tráfico de drogas entre los barrotes de la cárcel.

El operativo de seguridad es espectacular. Más de 3.000 policías y militares conducen a los 773 presos seleccionados a su nuevo hogar. Cinco aeronaves y 245 vehículos de tierra velan por el éxito del traslado.

La operación Arpía III concluye con éxito. Es la última de las tres grandes transferencias de prisioneros programada por Tegucigalpa. La reordenación carcelaria impulsada por el presidente ha cumplido su objetivo: los 2.000 convictos más peligrosos del país están ya aislados en las dos nuevas prisiones, El Pozo y La Tolva, conocida también como El Pozo II.

¿Servirá de algo?

traslado de reos peligroso

La posición de Hernández es clara: cree haber dado un “golpe contundente” a las estructuras criminales de maras y pandillas. Su Gobierno anunció el descenso de un 40% de las extorsiones en San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa del país -y segunda del mundo, tras Caracas-, días después del traslado de más de 700 presos de la penitenciaría local hacia El Pozo.

“Hay que averiguar por qué los presidentes anteriores no se preocuparon por las cárceles. Deberían ser castigados”, llegó a decir el ahora mandatario en una rueda de prensa a principios de 2017. Hernández llegó a la presidencia en 2014 decidido a iniciar una guerra contra las pandillas. Militarizó la seguridad ciudadana en detrimento de una policía considerada corrupta. Las cifras de violencia, menguantes antes de su mandato, le acompañaron de inicio. Los homicidios se redujeron un 30% entre 2011 y 2016.

El año pasado, en cambio, la cifra se estancó. Honduras sigue en el podio de los mayores índices de violencia del mundo, contando aquellos países que no están en guerra. Alterna con El Salvador el funesto liderazgo de unas listas en las que ha irrumpido con fuerza Venezuela. Más de 5.000 personas fueron asesinadas en las calles hondureñas en 2016. Este año ha comenzado con buenas noticias: los homicidios se redujeron un 5,7% en el primer trimestre. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, autora del estudio, relacionó ese descenso con el traslado de presos a El Pozo.

Los expertos, en cambio, no tienen tan claro que las nuevas prisiones vayan a suponer un cambio sustancial en los índices de violencia del país: “Hay que aclarar que la altísima criminalidad en Honduras no depende de las órdenes emanadas de las prisiones sino de otros factores. La reducción de la criminalidad podría ser una realidad, pero no en porcentajes considerables”, explica a El Confidencial el abogado penalista hondureño Félix Ávila.

Gritos de desesperación

Poner fin a las órdenes dictadas desde las cárceles del país era una prioridad para las autoridades. La incomunicación de los reos, básica. Los nuevos recintos carcelarios, inspirados en algunos modelos estadounidenses, han sido pensados para garantizar ese aislamiento, haciendo que los reos cumplan condena en celdas desconectadas de las de sus compañeros de pandilla. Suponen un cambio absoluto con las antiguas prisiones hondureñas, consideradas por los expertos como centros de mando del mundo del hampa.

Se acabaron los patios masificados, la venta de droga, los grandes equipos de televisión y sonido, los móviles y ordenadores, las prostitutas y las camas ‘king size’. Los funcionarios les despojan a la entrada de todas sus pertenencias, incluida la vestimenta. En las nuevas prisiones solo está permitido llevar un mono naranja con el número de preso. Todo lo que tienen los pandilleros en El Pozo y La Tolva son cuatro paredes de concreto hidráulico fundido, una cama y un escritorio. No hay espacio para las comunicaciones internas. Están monitoreados por cámara las 24 horas. Sólo ven el sol durante una hora al día. La Biblia, por ahora, es la única lectura permitida.

“Esto es un infierno”, gritan los reos de, según las declaraciones de los trabajadores de "El Pozo" recogidas por el diario hondureño ‘La Prensa’. En las nuevas cárceles hace calor. No hay aire acondicionado, como en algunas de las celdas que los reos dejaron atrás. Tampoco ventiladores. “Algunos de ellos, muy desesperados, parece que están llorando”, relató uno de los empleados de la prisión.

No es algo que se esconda. Un comunicado oficial señala que en El Pozo “los reos de alta peligrosidad pierden hasta la noción del tiempo”. El documento incide aún más en las condiciones de los pandilleros: “Se mueven inquietos de un lado a otro, confinados en el pequeño espacio que hay entre la pared, una cama de cemento y un urinario de aluminio reforzado. No hay espejos de vidrio, no hay televisión, no hay radio, no hay libros que leer. El infierno es poca cosa”, señala.

Los nuevos centros restringen también la visita de los familiares de los presos. El aislamiento se ha realizado, en primer lugar, alejando las penitenciarías de los cascos urbanos. Frente a los portones de la antigua cárcel de San Pedro Sula, situada en uno de los barrios de la ciudad, se situaban a diario miles de sampedranos pidiendo visitar a los suyos, llegando a golpear el portón para reclamar la entrada.

Compinches y, en ocasiones, familiares, entraban en la prisión con información valiosa para los pandilleros y objetos ilícitos. “No habrá visitas a las celdas y solo se podrán hacer en una sala habilitada para tal fin. Tampoco se permitirá que las esposas de los presos se queden durmiendo con ellos”, destaca una información del diario ‘La Prensa’.

A la ingobernabilidad de las cárceles tampoco ayuda el hacinamiento del sistema. Las prisiones en Honduras albergan a más de 17.000 reos, pero solo tienen capacidad para unos 8.000. Tegucigalpa espera aliviar ese problema de superpoblación con la nueva ordenación.

traslado de reos

Un régimen de aislamiento prolongado

No es un cambio exento de críticas. Las condiciones de las prisiones recién inauguradas han sido reprobadas por asociaciones de Derechos Humanos: “El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha expresado su preocupación en relación con las cárceles de alta seguridad porque imponen en la práctica un régimen de aislamiento prolongado durante el tiempo de cumplimiento de la condena, lo cual es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, que solo lo permite como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso”, abunda el abogado Joaquín Mejía.

Cree que las autoridades deberían comenzar a ofrecer algunas concesiones a los presos: “Un régimen de este tipo representa, por sí mismo, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertas psíquica y moral de la persona y de su derecho al respeto debido a su dignidad”. El experto reclama un sistema penitenciario que priorice la prevención y rehabilitación frente a la represión. No cree que las nuevas cárceles puedan contribuir a reducir la violencia hasta que se produzca un cambio de perspectiva.

Presos con AK-47 y granadas

Otro foco de escepticismo sobre las nuevas prisiones se centra en el alto nivel de extorsiones a los funcionarios de prisiones. “El problema es el personal, los custodios y los trabajadores. Es una sociedad altamente sobornable. No digo que sean corruptos porque al final la gente sin recursos y con bajos sueldos claudican ante el poder de los cautivos, pero es fácil corromper con dinero en Honduras”, comenta a este diario José Félix Ramajo, experto español en seguridad y fundador en Honduras de la empresa Spartan Global Security.

Solo mediante sobornos podían conseguir los pandilleros tener auténticos arsenales en las prisiones convencionales, creen los expertos. Las autoridades llegaron a encontrar 54 pistolas, 11 fusiles AK-47, cuatro granadas y 86 cajas con municiones tras el desalojo del penal de San Pedro Sula. Creen que podrían haber sido utilizadas para una fuga masiva. Las armas estaban almacenadas en un zulo secreto.

Los pandilleros también pagan dinero para salir de prisión. Hasta 18 miembros del Barrio 18 escaparon del penal Marco Aurelio Soto la semana anterior a la Operación Arpía III. Habrían pagado entre 400.000 y 600.000 euros a los guardas para garantizar su fuga. Se marcharon para evitar su traslado a las nuevas prisiones, según Rosa Gudiel, líder del Instituto Nacional Penitenciario.

Los guardias serán despedidos de las nuevas prisiones si entablan amistad con reos o sus familiares. Muchos dudan, en cualquier caso, que se conviertan en incorruptibles de la noche a la mañana. “Las nuevas cárceles no bajarán los índices criminales porque el cáncer de este país son las maras. Cuando un jefe cae sale inmediatamente otro. Es una rueda que jamás dejará de funcionar”, pronostica Ramajo.

El abogado Ávila cree que el problema es económico. “No existen oportunidades para la juventud. Una política de 'tolerancia cero' sin crear fuentes de trabajo y que los jóvenes tengan espacios para su desarrollo de poco servirá para reducir los índices de criminalidad”. Honduras ha apostado fuerte por sus nuevas prisiones, pero el escepticismo sigue reinando en un país azotado por la violencia. El confidencial