Tegucigalpa – La reforma aprobada por el anterior Congreso Nacional a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República, es una muestra de transparencia y rendición de cuentas sin precedentes en la historia del país ya que pone bajo investigación a 750 personas que han sido diputados en los últimos cuatro gobiernos y a más de 100 fundaciones y ONG que han recibido fondos del Estado para proyectos sociales, aclaró este miércoles el diputado Mario Alonso Pérez López.

Pérez también aclaró que la reforma no tiene nada que ver con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ni con la investigación que se le sigue a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, pues solamente abarca a los diputados y con ONG que han manejado subsidios.

Acotó que con la reforma aprobada recientemente por el Congreso Nacional en la Ley Orgánica de Presupuesto que crítica la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), pone automáticamente bajo investigación a más de 750 personas que han sido diputados en los últimos cuatro periodos, incluyendo a todos los presidentes de ese poder del Estado, desde Roberto Micheletti a la fecha.

El parlamentario indicó que la reforma no tiene nada que ver con el caso del Seguro Social y el de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, pues solo se refiere a diputados y ONG que han manejado subsidios, y no limita la potestad de investigación del Ministerio Publico ya que la misma no hace  ninguna reforma a ley de ese ente investigador, ni al Código Procesal Penal ni a la Constitución de la República, por lo que no afecta ningún caso de investigación contra la corrupción actual o futura.

Pérez aclaró que esas aseveraciones contra la reforma son falsas ya que no se está haciendo ningún cambio en la forma de liquidar fondos estatales y se mantienen  los mismos procedimientos de liquidaciones, al tiempo que recalcó que lo aprobado por el Poder Legislativo, es una medida de transparencia y rendición de cuentas sin precedentes, porque pone bajo investigación, no sólo a 60 diputados como dice la MACCIH, sino que más de 750 personas que han sido diputados desde el año 2006 a la fecha.

“El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, está atacando directamente la institucionalidad del país, mediante la intimidación. Está señalando al Congreso Nacional, él está violando la independencia del Poder Judicial al amedrentar a una jueza, está restándole importancia a la labor contralora del Tribunal Superior de Cuentas y está abrogándose derechos que solo le corresponden a la Fiscalía, pareciera que hay dos fiscalías, una nacional y otra internacional, cuestionó Pérez.

Por su lado, el ahora primer secretario en propiedad del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, explicó que la reforma ordena la investigación y auditoria de los últimas tres administraciones del Congreso Nacional, en el manejo de fondos  para realizar proyectos y es atribución del Tribunal Superior de cuentas, (TSC), como mandato constitucional a quien corresponde auditar esos fondos manejados por funcionarios e instituciones, alcaldía y órganos descentralizados como lo estipula la ley.

Agregó que las investigaciones van a determinar una serie de asuntos y el primero de ellos es verificar si existe responsabilidad administrativa, civil y penal en el caso que lo amerite, por mal manejo de los recursos.

Reiteró que el Congreso Nacional no está dando nuevas facultades, ni reformando la Ley del Ministerio Publico ni el Código Procesal Penal, lo que está haciendo es ampliando la investigación para más de 750 diputados de los tres Congresos anteriores.

Zambrano manifestó que la MACCIH tiene las puertas abiertas en el Congreso Nacional, para poder explicarle bien el tema y seguir trabajando en quitar lagunas o dudas que se han externado a la opinión pública.

Aclaró que la reforma no se hizo para cubrir actos al margen de la ley o impulsar la impunidad, al contrario, es para fortalecer transparencia y la rendición de cuentas.

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