Tegucigalpa – El Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó este martes la reclusión en la Penitenciaría Nacional de 11 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), implicados en graves violaciones a los derechos humanos contra un ciudadano de nacionalidad filipina.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, la medida afecta a Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilsor Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo, quienes deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Victoria judicial tras apelación
Esta resolución representa un importante revés para los acusados, quienes previamente habían obtenido fallos favorables. El pasado 20 de agosto de 2024, durante la audiencia inicial, el tribunal había otorgado sobreseimiento provisional para algunos de los imputados y definitivo para otros, lo que habría significado el cierre del caso.
Sin embargo, la Fiscalía de Derechos Humanos interpuso un recurso de apelación donde expuso sólidos alegatos jurídicos que evidenciaron la gravedad de los hechos, logrando que el tribunal superior revocara la decisión inicial y ordenara la continuación del proceso penal contra todos los agentes involucrados.
Graves hechos ocurridos en noviembre de 2023
Los cargos contra los funcionarios policiales se derivan de un operativo realizado el 13 de noviembre de 2023, cuando los agentes allanaron ilegalmente —sin orden judicial— una vivienda ubicada en la colonia Real del Puente en Villanueva, departamento de Cortés.
Durante el operativo no autorizado, los agentes habrían cometido múltiples abusos contra un hombre de nacionalidad filipina, incluyendo robo con violencia e intimidación agravado continuado, privación ilegal de libertad, falsificación de documentos públicos y tortura, según las investigaciones del Ministerio Público.
Próximos pasos judiciales
El tribunal ha programado la audiencia preliminar contra los 11 agentes para el 25 de marzo, donde la Fiscalía formalizará la acusación y solicitará que el caso avance a una audiencia de juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.
Este caso ha generado amplia atención debido a la gravedad de los delitos imputados a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y representa un importante precedente en la lucha contra la impunidad en casos de abuso policial en Honduras.
