Tegucigalpa, Honduras. – Honduras sigue sin saber con precisión cuántos niños, niñas y adolescentes viven en situación de calle, pese a que las estimaciones de organizaciones de protección infantil apuntan a más de 18 mil menores expuestos a condiciones de alta vulnerabilidad.
El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, señaló que la ausencia de un registro oficial impide dimensionar la magnitud real del problema y diseñar una respuesta efectiva desde el Estado.
Vásquez advirtió que muchos menores permanecen en semáforos, aceras, debajo de puentes y otros espacios públicos, una realidad que, según dijo, se ha vuelto cada vez más visible, pero también más normalizada por la sociedad.
El representante de Coiproden recordó que durante la pandemia de COVID-19 varias organizaciones presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que las medidas sanitarias dejaban fuera a los menores que no tenían una vivienda donde protegerse.
Entre las disposiciones cuestionadas estaban el llamado a permanecer en casa y el lavado constante de manos, recomendaciones imposibles de cumplir para quienes viven en la calle y carecen de acceso estable a agua, higiene y refugio.
Ese proceso derivó en una sentencia considerada histórica, mediante la cual se establecieron obligaciones para el Estado hondureño. Una de ellas fue levantar un registro nacional que permita identificar cuántos menores viven en situación de calle y en qué zonas del país se concentran.
Sin embargo, Vásquez cuestionó que, pese a esa resolución, no se hayan concretado avances significativos para atender de forma integral a esta población.
A su criterio, los niños y adolescentes en situación de calle suelen ser abordados desde una lógica de retiro de los espacios públicos, sin analizar las causas que los llevaron a esa condición ni garantizar plenamente sus derechos.
Coiproden insiste en que la respuesta debe ir más allá de acciones aisladas y enfocarse en protección, restitución de derechos, acompañamiento familiar y políticas públicas basadas en datos reales.
