Tegucigalpa, Honduras.— La justicia pronunció su veredicto en un caso que conmovió por la vulnerabilidad de las víctimas. La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia dictó una condena de 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, conocida como «La Madrastra», tras declararla culpable de tres delitos sexuales cometidos contra dos menores de edad, hijos de su expareja.
De acuerdo con la resolución judicial, los jueces impusieron 16 años de cárcel por un delito de violación calificada continuada y 10 años por cada uno de dos delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas. Con ello, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía de la Niñez y fijó una pena dentro del rango máximo permitido por el Código Penal.
El portavoz judicial, Herbert Rivera, aseguró que la sentencia se basó en pruebas sólidas presentadas durante el juicio. «La prueba aportada sustentó el fallo condenatorio o de culpabilidad y dio la certeza a los tres jueces para que, sin ningún género de duda, la declararan culpable», afirmó, al destacar el rigor con el que se evaluó el material probatorio.
Rivera explicó que Katherine Romero enfrentaba una pena máxima de 36 años con cuatro meses, pero finalmente los jueces determinaron una condena de 36 años de reclusión, una cifra que refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a la niñez frente a cualquier forma de abuso.
Además, el tribunal impuso sanciones accesorias que refuerzan la protección de las víctimas, medidas que buscan garantizar su seguridad y bienestar más allá del cumplimiento de la pena principal. Un componente que reconoce que la justicia no solo castiga, sino que también repara.
Para las familias de las víctimas, este fallo representa un paso hacia la reparación del daño; para la sociedad, un recordatorio de que los delitos contra la niñez no quedarán impunes. La expectativa es que cada sentencia como esta fortalezca la confianza en que el sistema judicial actúa con la debida diligencia cuando se trata de proteger a los más vulnerables.
Mientras se agotan los recursos legales y la condenada inicia el proceso de apelación correspondiente, el mensaje que queda en el aire es claro: la protección de la niñez es una responsabilidad compartida, y cualquier acto de abuso debe ser denunciado, investigado y sancionado con todo el peso de la ley. Porque al final, más allá de los años de prisión, lo que importa es que cada niño y niña pueda crecer con la certeza de que su integridad es un derecho que el Estado se compromete a defender.
