Tegucigalpa, Honduras.— La ley existe, pero no llega a todos los bolsillos. El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, señaló este martes que en Honduras unos 850 mil empleados no reciben el salario mínimo, lo que significa un incumplimiento del 44% por parte de los empleadores, una cifra que interpela la efectividad de las normas laborales en el país.
En ese contexto, aseguró que la Secretaría del Trabajo reforzará las labores de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley. «Desde la promulgación de la Ley de Inspección de Trabajo en 2014 se fortalecieron las sanciones, pasando de multas mínimas a porcentajes relacionados con el patrimonio vulnerado, lo que deriva en fuertes sanciones para quienes incumplen el pago del salario mínimo», expresó el funcionario.
Puerto agregó que se trabaja en el fortalecimiento de la Dirección General de Inspección de Trabajo mediante la optimización del personal y la ejecución de inspecciones ordinarias y extraordinarias, con el objetivo de asegurar que los acuerdos salariales beneficien a los trabajadores que dependen de este ingreso.
Nuevo ajuste salarial: del 6% al 7.5%
Los representantes del sector privado y de las centrales obreras llegaron el lunes a un acuerdo del ajuste del salario mínimo que tendrá un incremento de hasta 7.0% y 7.5% para el 2026 y 2027 respectivamente. Para el 2026, el ajuste salarial será de 6% para las empresas de 1 a 50 trabajadores, y 7% para aquellas con más de 51 empleados. Mientras que para 2027, el ajuste se mantiene en 6% para las pequeñas empresas y sube a 7.5% para las de mayor tamaño.
No obstante, uno de los mayores retos es que se cumpla con el pago del salario mínimo, ya que actualmente cuatro de cada 10 trabajadores no lo perciben por falta de cumplimiento de la ley por parte del empleador. Las empresas que no cumplan con el pago del salario mínimo serán sancionadas, advirtió el ministro del Trabajo.
Las multas rondan porcentajes con relación al patrimonio económico vulnerado de las empresas, en definitiva deriva en fuertes multas a quienes incumplan con el pago del salario mínimo, advirtió el funcionario. Una medida que busca que el costo de la infracción sea mayor que el ahorro de no pagar lo justo.
Para los trabajadores que sí reciben el salario mínimo, el nuevo ajuste representa un alivio frente al encarecimiento de la vida; para aquellos que ni siquiera perciben el mínimo actual, la expectativa es que las inspecciones lleguen a sus centros de trabajo y se haga valer su derecho.
Mientras la Secretaría del Trabajo despliega sus operativos de verificación y se socializan los nuevos porcentajes de ajuste, el mensaje que queda en el aire es claro: el salario mínimo no es una sugerencia, es un derecho, y su cumplimiento exige vigilancia institucional y denuncia ciudadana.
Porque al final, más allá de los porcentajes y las multas, lo que importa es que cada trabajador hondureño pueda contar con un ingreso digno que le permita vivir con seguridad, sin que la informalidad o el abuso patronal se conviertan en un obstáculo para su bienestar.
