Tegucigalpa, Honduras. – Cincuenta y nueve mujeres han sido asesinadas en Honduras en lo que va de 2026. No son cifras abstractas: detrás de cada número hay una historia, y en muchos casos hay también una denuncia que nadie atendió a tiempo.
Así lo advirtió este domingo la defensora de los derechos de las mujeres, Honoria Rodríguez, al señalar que varias de las víctimas de femicidio registradas hasta abril habían alertado previamente a las autoridades sobre las amenazas que enfrentaban, sin obtener respuesta.
«Algunas mujeres que terminaron asesinadas habían denunciado agresiones de sus parejas u otras personas, pero nunca se hizo ninguna investigación ni se les brindó protección», denunció Rodríguez, identificando con precisión el punto donde el sistema falla: la ruptura entre la denuncia inicial y la intervención efectiva de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sistema judicial, una brecha que la especialista calificó como el principal factor que permite la impunidad de los agresores y que convierte las denuncias en documentos sin consecuencias para quienes amenazan la vida de las mujeres hondureñas.
La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, fue igualmente contundente al rechazar cualquier lectura que trate estos crímenes como hechos aislados o circunstanciales.
«Lo estamos viendo como una emergencia, porque día con día se pierde la vida de muchas mujeres y niñas», advirtió la académica, subrayando que ni siquiera la Semana Santa, tiempo de reflexión y recogimiento espiritual, representó una pausa en la violencia contra las mujeres en Honduras, donde el promedio de femicidios en lo que va del año supera los tres casos por semana.
El caso de Nilcia Pamela Chávez Pérez, asesinada el pasado viernes 3 de abril en la colonia Modesto Rodas Alvarado de Tegucigalpa por su pareja tras haber presentado dos denuncias formales por violencia doméstica sin obtener protección, se convirtió esta semana en el símbolo más doloroso de las fallas que ambas especialistas describen.
Un caso que ilustra con crueldad que el problema no es solo la violencia del agresor sino la inacción del Estado ante señales que con demasiada frecuencia terminan convirtiéndose en obituarios.
Ante esta realidad, Rodríguez enfatizó la necesidad urgente de que las instituciones trabajen de manera coordinada y articulada para garantizar un seguimiento real a cada denuncia de violencia, transformando el papel en protección efectiva para las mujeres que se atreven a dar el paso de denunciar, en un país donde ese paso debería ser el inicio de la solución y no, como demasiadas veces ocurre, el preludio de una tragedia.
