Tegucigalpa, Honduras. — Aprobar un concurso público debería ser la puerta de entrada a un nuevo empleo. Pero para 60 abogados que superaron las pruebas de selección para fiscales del Ministerio Público (MP), esa puerta sigue cerrada. Ante la falta de contratación, el grupo anunció la presentación de un recurso de amparo, argumentando irregularidades en el proceso de evaluación.
Los postulantes salieron al paso de señalamientos que los vinculan supuestamente con el partido Libertad y Refundación (Libre). En su defensa, afirmaron que todos cumplen con los requisitos establecidos y que presentaron sus pruebas bajo criterios de mérito y capacidad, sin que existan fundamentos para excluirlos del proceso de contratación.
La situación ha generado preocupación en el gremio legal. Olbin José Sarmiento, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), confirmó que la semana pasada sostuvo reuniones con representantes de la Asociación de Fiscales y otras autoridades para abordar temas relacionados con despidos y nuevas contrataciones dentro del Ministerio Público.
Sobre el fondo del asunto, Sarmiento ofreció una lectura distinta a la versión política. A su criterio, la falta de contratación no necesariamente responde a afinidades partidarias, sino a factores de naturaleza administrativa. «No creo que en este momento no se les contrate por ser de un partido específico. Sí creo que es por cuestión de reestructuración y presupuesto«, afirmó.
El abogado adelantó que próximamente el CAH sostendrá una reunión con el fiscal general para abordar de manera directa la situación de estos profesionales. Reiteró, además, que el Colegio velará por los derechos laborales de los abogados a nivel nacional, en un contexto donde la incertidumbre sobre el futuro laboral de los 60 aspirantes sigue sin resolverse.
Mientras se definen los próximos pasos, el recurso de amparo se perfila como la vía legal que podría forzar una revisión del proceso. Para los abogados afectados, la expectativa es que la justicia ordinaria aclare si las razones para no contratarlos se ajustan a derecho o si, por el contrario, existen elementos que ameriten su incorporación inmediata al Ministerio Público.
