Tegucigalpa – Una alarmante crisis se cierne sobre el sector de atención a personas con discapacidad en Honduras, donde más de 50 organizaciones especializadas enfrentan el riesgo inminente de suspender o cerrar definitivamente sus operaciones debido a la falta de apoyo gubernamental. Esta situación crítica podría dejar sin atención a aproximadamente 60,000 personas con discapacidad que dependen de estos servicios para su desarrollo integral.
La coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Betina Hernández, expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesan estas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han asumido históricamente la responsabilidad de brindar servicios especializados que deberían ser proporcionados por el Estado hondureño.
«Deseamos manifestar nuestra enorme preocupación por la falta de apoyo, de seguimiento y trabajo de forma conjunta con el sector discapacidad, a estas más de 50 organizaciones que son las que responden atendiendo a personas con discapacidad», indicó Hernández durante su pronunciamiento oficial sobre esta crisis que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la población hondureña.
La funcionaria denunció que el sector de personas con discapacidad se encuentra completamente invisibilizado y abandonado en el país, calificando como indigno que el gobierno no brinde la atención adecuada a esta población que requiere servicios especializados y continuos para garantizar su integración social y desarrollo personal.
Hernández enfatizó que la responsabilidad de atender a la población con discapacidad en aspectos fundamentales como rehabilitación, habilitación, salud integral y educación inclusiva debería recaer completamente en las instituciones estatales.
Sin embargo, la realidad hondureña muestra un panorama completamente diferente, donde en un porcentaje altísimo son las organizaciones de la sociedad civil las que han asumido esta tarea fundamental sin recibir el respaldo gubernamental necesario.
La crisis actual pone en evidencia la falta de políticas públicas efectivas y sostenibles para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Honduras.
Estas organizaciones no gubernamentales han venido supliendo las deficiencias estatales, ofreciendo servicios de rehabilitación, terapias especializadas, educación inclusiva y programas de integración social que resultan vitales para mejorar la calidad de vida de miles de hondureños con discapacidad.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, el Conadeh instó al gobierno hondureño a dar una respuesta inmediata a las demandas presentadas por estas organizaciones que atienden a personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y psicosocial en todo el territorio nacional. Esta exigencia surge en un momento crítico donde la continuidad de los servicios está en riesgo debido a la falta de financiamiento y apoyo institucional.
Las estadísticas oficiales revelan la magnitud del problema que enfrenta Honduras en este sector. Se estima que aproximadamente el 15 por ciento de los 9.7 millones de hondureños presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial, lo que representa más de un millón cuatrocientas mil personas que requieren atención especializada y servicios de apoyo para garantizar su plena participación en la sociedad.
El posible cierre de estas 50 organizaciones no solo representaría una crisis humanitaria para las 60,000 personas que actualmente reciben atención, sino que también evidenciaría el fracaso del Estado hondureño en cumplir con sus obligaciones constitucionales y los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos de las personas con discapacidad.
La situación actual requiere una intervención urgente del gobierno para evitar que miles de familias hondureñas pierdan el acceso a servicios esenciales que han sido fundamentales para el desarrollo y la integración social de sus miembros con discapacidad, quienes enfrentan ya múltiples barreras en una sociedad que históricamente los ha marginado y excluido de las oportunidades de desarrollo pleno.
