Tegucigalpa, Honduras. – Más de 70 diputados opositores autoconvocados aprobaron por unanimidad este lunes en sesión nocturna un proyecto de resolución para desconocer el decreto 58-2025 que ordena el recuento electoral, mientras simultáneamente autorizaron que cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia pueda sustituir al secretario de Gobernación y Justicia en los actos protocolarios de transición del poder si este no se presenta voluntariamente.
La diputada Maribel Espinoza pidió castigar a todos los que participaron en la sesión del pasado jueves que aprobó el decreto que ordena recuento de votos, estableciendo una línea de confrontación directa contra los legisladores de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) que votaron a favor de la iniciativa en la sesión extraordinaria del 9 de enero.
La iniciativa aprobada ordena a varias instituciones que se desconozca el decreto 58-2025 de lo aprobado por el Congreso que lidera Luis Redondo y la bancada de Libre, representando un acto de resistencia parlamentaria contra lo que los diputados opositores consideran una usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral.
La aprobación de permitir que un magistrado de la CSJ sustituya al secretario de Gobernación en los actos protocolarios de transición evidencia la preocupación de la oposición sobre posibles intentos del gobierno de Xiomara Castro de sabotear la ceremonia de toma de posesión del 27 de enero, cuando debe asumir el presidente electo Nasry Asfura.
El decreto 58-2025 que los diputados opositores buscan desconocer fue aprobado por la bancada de Libre en sesión extraordinaria que se refiere al conteo de las actas pendientes después del escrutinio especial, una iniciativa que juristas han calificado como ilegal porque el Congreso carece de facultades para certificar procesos electorales una vez declarados por el CNE.
La sesión del jueves fue convocada por la Comisión Permanente, un procedimiento que constitucionalistas consideran viciado, ya que para asuntos electorales se requiere mayoría calificada de dos tercios del total de miembros del Congreso Nacional, equivalente a 86 votos, cifra que no fue alcanzada con la participación únicamente de legisladores oficialistas.
El decreto busca revertir los resultados electorales, generando advertencias internacionales, incluyendo del Departamento de Estado de Estados Unidos que amenazó con «severas consecuencias» para quienes intenten anular ilegalmente los comicios certificados por el CNE y avalados por misiones de observación internacional.
Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 marcaron un hito en la historia reciente de Honduras, con una participación de aproximadamente 3.8 millones de votantes, cifra que el gobierno estadounidense invocó al advertir que los intentos de revertir la elección tendrán repercusiones graves.
El Consejo Nacional Electoral, organismo autónomo encargado de certificar los resultados, declaró a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como ganador el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados para cargos municipales y del Congreso Nacional el 30 de diciembre, cumpliendo con el plazo constitucional establecido.
Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro solicitó un recuento total «voto por voto» durante una reunión del Consejo de Ministros el 11 de enero de 2026, apenas dos días después de que el decreto legislativo fuera aprobado y publicado, evidenciando la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el ala oficialista del Congreso Nacional.
La solicitud de Castro materializó el decreto 58-2025 que había sido aprobado en sesión extraordinaria del Congreso Nacional el 9 de enero y publicado en La Gaceta el mismo día, un proceso acelerado que generó cuestionamientos sobre la celeridad inusual en la tramitación de una norma que afecta la institucionalidad electoral.
La publicación inmediata en La Gaceta del decreto aprobado el jueves por la tarde sugiere que existía coordinación previa para darle carácter oficial rápidamente, evitando tiempo para recursos legales que pudieran detener su entrada en vigor antes de la sanción presidencial.
La sesión de diputados opositores autoconvocados este lunes representa el esfuerzo de más de 70 legisladores que denuncian haber sido impedidos de ingresar al hemiciclo durante la sesión del jueves, cuando según sus propias versiones, elementos de seguridad bloquearon físicamente su acceso mientras la minoría oficialista aprobaba el decreto cuestionado.
La iniciativa para castigar a los participantes de la sesión ilegal del jueves, propuesta por Espinoza, podría incluir procesos de investigación ante el Ministerio Público por delitos que van desde usurpación de funciones hasta traición a la patria, delito que según juristas no prescribe y podría perseguirse incluso después de que concluya el mandato de Castro.
La aprobación de que un magistrado de la CSJ sustituya al secretario de Gobernación si este no se presenta voluntariamente a la transición del poder revela que la oposición anticipa posibles maniobras del oficialismo para boicotear la ceremonia de toma de posesión mediante la ausencia de funcionarios clave que constitucionalmente deben participar en el acto protocolar.
El secretario de Gobernación juega un papel crucial en los actos de transición presidencial, siendo responsable de aspectos logísticos y protocolares, por lo que su ausencia podría utilizarse como pretexto para cuestionar la legalidad de la toma de posesión o para generar complicaciones institucionales de último momento.
La resolución opositora ordenando a instituciones desconocer el decreto 58-2025 busca crear un contrapeso legislativo al acto del ala oficialista, aunque jurídicamente resulta incierto qué prevalece: un decreto publicado en La Gaceta y sancionado presidencialmente, o una resolución posterior de la mayoría parlamentaria que no controló la sesión original.
La confrontación parlamentaria evidencia la fractura profunda del Congreso Nacional entre una minoría oficialista que controla la presidencia legislativa y aprobó el decreto electoral, versus una mayoría opositora que se autoconvoca para desconocer esas decisiones y preparar salvaguardas para garantizar la transición del 27 de enero.
