Tegucigalpa.- Tras advertir que el Estado podría ser condenado nuevamente si no altera las prácticas para controlarlos, el abogado Selvin López dijo este martes que los problemas carcelarios mencionados en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos no son exclusivos de Honduras.
El Departamento de Estado de EE. UU. destaca en este informe “la incapacidad del gobierno para controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones”, donde hay hacinamiento, acceso inadecuado a alimentos, agua y suministros médicos, violencia y supuestos abusos por parte de los funcionarios penitenciarios.
“No es un problema propio de nuestro país, es un problema de muchos otros países y en el caso hondureño, que ya ha habido consecuencias, incluso en el ámbito de derechos humanos por haber recibido condena” y advirtió que “es probable que siga ocurriendo, si las prácticas no cambian”.
Según el informe, el Instituto Nacional Penitenciario informó que al 13 de octubre había 19.619 personas encarceladas en 25 prisiones y un centro de detención. El sistema fue creado para aproximadamente 13.000 reclusos, según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
Uno de los principales problemas que aquejan al sistema penitenciario de la nación en este momento, según López, es la incapacidad del Estado para controlar el problema de la violencia de las pandillas.
También enfatizó la necesidad de tomar en cuenta la regla que separa a los que actualmente están siendo procesados de los que ya han recibido sentencia, así como la necesidad de detener tanto el ingreso de armas a las cárceles como otros actos violentos que allí se desarrollan.
En el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EE. UU., se afirma específicamente que “el gobierno no logró controlar la violencia generalizada relacionada con las pandillas y la actividad delictiva dentro de las prisiones. Muchas prisiones carecían de suficiente personal de seguridad”.
Según el informe, “muchos reclusos tenían acceso a armas y otro contrabando, los reclusos atacaron a otros reclusos con impunidad y los reclusos y sus asociados fuera de la prisión amenazaron a los funcionarios penitenciarios y sus familias. Estas condiciones contribuyeron a un ambiente inestable y peligroso en el sistema penitenciario”.
