Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, consideró que, que si la firma del convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), no se produce este año, la principal promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro se esfumará.
Refirió la instalación de la comisión anticorrupción corre el riesgo de desvanecerse en el tiempo, ya que, el 2024 y 2025 son años políticos y será difícil su arribo por el fragor electoral.
“En el 2024 inicia el año político, empiezan los movimientos dentro los diferentes partidos políticos y todo se vuelve difícil. Y el 2025 ni hablemos, porque es un año mucho más complejo”, dijo la congresista por el Partido Salvador de Hondura (PSH).
Por su parte, el exjefe de investigación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), Manuel Garrido, teme que la voluntad política para instalar la CICIH se debilite al dársele largas a la eliminación de varias leyes que condiciona Naciones Unidas.
“La voluntad política que evidentemente existe hoy podría verse de alguna manera disminuida o debilitada por la demora en el transcurso del tiempo”, indicó.
Mientras tanto, el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, recordó que también se acordó retomar una innecesaria reforma constitucional que busca demorar la llegada al país de la CICIH.
Santos señaló que el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha sido cómplice por no impulsar la derogación de la reforma a la Ley de Lavado de Activos, decreto que forma el “pacto de impunidad”.
“Un año ha sido cómplice el actual gobierno al no querer derogar ese decreto, un año en el cuál podíamos haber accedido a información suficiente para poder fortalecer los casos”, indicó el fiscal de la Uferco.
Cabe señalar que, en febrero, Honduras envió sus observaciones a los términos de referencia del memorando de entendimiento, que posteriormente darán paso a la llegada de una misión de expertos de la ONU, que trabajará con una contraparte hondureña con miras a la elaboración del convenio final.
El memorando de entendimiento, que se firmó el 15 de diciembre de 2022, establece la necesidad de derogar el decreto 116-2019, que reglamenta los Fondos Departamentales.
Sin embargo, este decreto también limita las funciones investigativas del Ministerio Público porque, en casos de corrupción, obliga a los jueces a solicitar al Tribunal Superior de Cuentas un informe de auditoría o de investigación a funcionarios públicos o diputados.
Muchos casos presentados por la Fiscalía han quedado con sobreseimientos definitivos y provisionales, entre ellos Arca Abierta.
Mientras, el decreto 57-2020 establece que solo un juez puede ordenar el secuestro de documentos, algo que, antes, el fiscal hacía sin autorización.
Por su parte, el decreto 93-2021 exige que exista un delito precedente para presentar una acusación por lavado de activos.
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), presentó recientemente el tercer informe del monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, con el propósito de observar su cumplimiento y aportar ideas al debate en busca de crear una institucionalidad fuerte en la lucha contra la corrupción en Honduras.
La Agenda Anticorrupción fue establecida por la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo en el año 2022 y tiene entre sus tareas, el desmontaje del viejo marco jurídico y de su institucionalidad, así como la creación de nuevas leyes y una institucionalidad más transparente, independiente y legítima.
Por eso, este tercer informe, que comprende el monitoreo del período entre el 1 y el 28 de febrero de 2023, se enfoca en la necesidad de retomar los esfuerzos para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Se estima que al menos unos 10, entre decretos y leyes, constituyen los denominados “pactos de impunidad”, un marco normativo que blinda la corrupción en Honduras y que es urgente abolir (varios de esos decretos están a la espera de un tercer y último debate).
También es imperativo que, junto a las reformas legales en el Congreso, el Poder Ejecutivo realice los esfuerzos pertinentes para abrir espacios a organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanos deseosos de participar en un proceso que es de interés general.
“El momento histórico es ahora. Desde el Cespad así lo entendemos y por ello ponemos a disposición el presente informe, en un intento de incentivar esfuerzos en la lucha anticorrupción, con la esperanza de generar mejores escenarios para los hondureños”, establece en el informe.
