Tegucigalpa.- Según un análisis del Ministerio de Seguridad sobre la incidencia en 2022 realizado con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el 95% de las denuncias de extorsión se reportan en áreas urbanas y el 60% de quienes son víctimas de este delito tienen entre 31 y 50 años.
Un análisis reciente del gobierno indica que las extorsiones aumentaron un 153% en Honduras en 2022 en comparación con 2021, alcanzando el segundo récord más alto de la década con 1.824 denuncias.
Según las autoridades hondureñas, en 2013 se presentaron 1.929 denuncias, lo que es solo un poco menos que los datos estadísticos presentados aquí.
La mayoría de las denuncias de extorsión, o el 69 por ciento de todas las denuncias, son realizadas por hombres, según el Secretario de Seguridad.
Desde 2022, el gobierno hondureño aplica un plan de seguridad que incluye un estado de excepción parcial en lugares como municipios donde creen que hay más mareros y pandilleros extorsionando a comerciantes y transportistas.
El 6 de diciembre, solo las colonias en conflicto de Tegucigalpa y San Pedro Sula pasaron a vivir el estado de excepción. De los 298 municipios de Honduras, 123 han adoptado la estrategia desde enero.
En el Decreto Ejecutivo PCM 23-2023, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones, siendo la última prórroga del 6 de abril al 21 de mayo, se detalla la medida que suspende amparos constitucionales.
