Tegucigalpa.- Tras los tiroteos ocurridos el fin de semana en cuatro cárceles que dejaron un muerto y al menos siete heridos, Samuel Madrid, delegado del partido Libertad y Refundación (Libre), pidió este martes que todos los que permitieron el ingreso de armas a las cárceles de la nación serán objeto de una investigación y procesamiento penal.
El parlamentario oficialista señaló que nada ha cambiado en las cárceles en su caso a pesar de la reubicación de la cárcel de San Pedro Sula, dijo que muchas personas se han enriquecido enormemente después de administrar las cárceles pero no han sido investigadas.
Según el congresista, ingresar un arma en un penal cuesta 50,000, 100,000 y en ocasiones incluso más lempiras. Porque “Un AK-47 y un AR-15 jamás la va a ingresar la población que llega de visita a las cárceles”, Madrid pide que se investigue a quienes permitieron el ingreso de armas a las cárceles hondureñas.
Madrid cree que para mejorar el funcionamiento penitenciario se debe dotar a la Policía Penitenciaria de más recursos y apoyo.
Un experto legal argumentó que debe haber disciplina en los centros de detención del país centroamericano porque el sistema penitenciario de Honduras no ha cooperado con el ejército y la policía.
El diputado Libre cuestionó que “Hay un negocio con la telefonía celular que nadie ha podido pararlo, porque predomina más eso que la vida de los presos y de las visitas”, e indicó que la vulnerabilidad de los penales ha sido permitida por la autoridades que han gobernado.
El parlamentario cree que las cosas cambiarían en la nación con un compromiso y una visión de las cárceles como un servicio, eso sí, si se eligieran buenos directores penitenciarios.
Sobre el supuesto de que haya armas en los penales, Madrid cuestionó por qué no se ha llevado a cabo el desarme, aunque espera que la nueva interventora Julissa Villanueva tome cartas en el asunto.
Se debe aumentar el salario de los policías penitenciarios, y sugirió brindarles mayor seguridad cuando regresen a sus hogares.
Según Carlos Cano, diputado nacionalista, se opone rotundamente a la construcción de cárceles en el departamento de Olancho.
El problema son los que dirigen las prisiones, dijo, y agregó que encontrarán oposición en todos los lugares donde se construyan prisiones porque siempre conducen al caos y la inseguridad.
Para evitar que las maras y pandillas sigan tomando el control de los penales, el legislador opositor consideró que las autoridades gubernamentales deben crear un plan que dé resultados. El legislador de Olancho sugirió que el tema se discuta en el Congreso Nacional así como con expertos en temas de seguridad.
Debido a que Gracias a Dios ha sido históricamente pasado por alto y subdesarrollado debido a sus desafíos logísticos, Erika Urtecho, congresista del Partido Liberal, consideró que era «injusto» traer una prisión de máxima seguridad allí.
“eso no puede ser, es un clamor de la población de la Mosquitia hondureña”, dijo, enfatizó que su departamento necesita hospitales, universidades y escuelas y afirmó que construir cárceles no tiene en cuenta la violencia.
