Nueva York. – El viernes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York notificó a la corte que se habían entregado pruebas en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Ese día en particular, Raymond Colón y Sabrina Shroff, expresidenta de la defensa de Honduras, recibieron las pruebas de manos del fiscal general del distrito, Damián Williams, quien informó al juez Kevin Castel.
Williams escribió a Castel con la siguiente declaración: «El gobierno escribe para notificar respetuosamente a la Corte que el abajo firmante hizo presentación ex parte al Tribunal de conformidad con la sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada y de la Regla Federal de Procedimiento Penal 16 (d)»
Tras la entrega de 1.000 GB (Gigabytes) de datos con testimonios de testigos, esta es la segunda entrega de prueba relativa al caso de Juan Orlando Hernández que realiza la Fiscalía.
La defensa de Hernández obtuvo esta prueba el 2 de julio de 2022, pero el abogado defensor Colón la consideró «insuficiente» y tildó a los testigos de «testimonios de criminales desesperados».
La Fiscalía, sin embargo, insiste en tener las pruebas necesarias para que Juan Orlando Hernández obtenga sentencia y la cumpla en una prisión federal de Estados Unidos.
El 14 de marzo, la Fiscalía solicitó una prórroga de 60 días al plazo para la entrega de pruebas previsto en la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), que vencía el 17 de marzo.
Esta ley requiere que la acusación y la defensa mantengan en secreto y protegidas todas las pruebas incriminatorias o exculpatorias hasta que se presenten ante el tribunal, o antes de que comience el juicio oral y abierto.
El juez Castel autoriza prórroga el 15 de marzo, a pesar de la oposición de la defensa. «perjudicaba a Juan Orlando Hernández», «le causaba daño y perjuicio», y «violentaba sus derechos humanos al mantenerlo lejos de su familia y su país».
El juez también exigió a la fiscalía que proporcionara a la defensa de Juan Orlando Hernández «los 500 resúmenes o versiones redactadas de materiales que se originan en uno o más departamentos o agencias de Estados Unidos».
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA) serían los custodios de los datos clasificados.
El 18 de septiembre de 2023, Hernández será juzgado en forma pública y oral.
Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández, quien se desempeñó como presidente de Honduras de 2014 a 2022, incluyen conspiración para importar cocaína, posesión de armas de destrucción masiva y conspiración para poseer tales armas.
Hernández, quien se desempeñó como presidente interino del Congreso de Honduras de 2010 a 2014, supervisó una organización criminal que movió 500 toneladas de cocaína de Sudamérica a Estados Unidos durante dieciocho años.
Fiscales estadounidenses alegan que usó dinero de la mexicana Cartel de Sinaloa, que en ese entonces estaba encabezado por Joaquín «El Chapo», para financiar su campaña política e intimidar a los funcionarios electorales en 2013.
Hernández, quien fue extraditado el 21 de abril de 2022, se declaró inocente de los cargos en su primera audiencia y desde entonces se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, con el propósito de esperar el juicio.
