Tegucigalpa – Según el exmandatario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Gobierno actual ha adoptado una actitud confrontacional en sus discursos.
Santiago Ruiz, empresario hondureño, insta a las autoridades a buscar un diálogo efectivo en temas como el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
En una entrevista con el Frente a Frente de Canal 5, Ruiz señaló que las políticas gubernamentales actuales solo sirven para confrontar a la sociedad y ahuyentar la inversión.
Además, Ruiz resaltó que son los problemas sociales y de derechos humanos, y no el sector privado, lo que está hundiendo al país.
El pasado viernes, la presidenta Xiomara Castro, anunció la presentación de una reforma tributaria que ha sido duramente criticada por la empresa privada debido a la eliminación de exenciones fiscales.
Santiago Ruiz, ex presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), considera que la Ley de Justicia Tributaria envía un mensaje hostil a la inversión y tendrá un impacto negativo en toda la economía, incluso en pequeños negocios como la venta de baleadas, ya que los empleados que pierdan su trabajo no tendrán poder adquisitivo para realizar compras.
Ruiz agregó que en lugar de la confrontación, las autoridades deberían convocar a una diálogo fructífero para lograr cambios sociales positivos.
Repercusiones de la eliminación de exoneraciones en el sector empresarial
Según las declaraciones del experto en el sector eléctrico, Kevin Rodríguez, el proyecto en discusión considera la eliminación de la exoneración a los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, lo que se traduciría en un aumento del 15% en la factura de este servicio.
Según Kevin Rodríguez, experto en el sector eléctrico, la eliminación de exoneraciones fiscales a los combustibles en el proyecto de reforma tributaria se traducirá en un aumento del 15% en la factura de energía eléctrica en Honduras.
Rodríguez también señaló que la iniciativa incluye la eliminación de incentivos fiscales a los insumos utilizados en el sector agro, lo que provocará un incremento en los precios de los alimentos y, por lo tanto, en la canasta básica de la población.
Además, destacó que actualmente en Honduras se consumen 350 millones de galones de búnker al año y se cobra un impuesto de casi 10 lempiras por galón que no se está aplicando.
Según el Gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera, los incentivos son esenciales para atraer inversión y, en caso de que hayan sido abusados, la responsabilidad es de las autoridades por no sancionar los incumplimientos.
«Tenemos incentivos igualitos en todo el mundo, en América Central que es con quién competimos, ¿los van a derogar porque han habido abusos?, el incompetente ha sido el funcionario porque tiene la ley en sus manos y puede sancionar cuando crea que se ha incumplido«, afirmó Herrera.
Agregó que Honduras no se destaca en otros criterios para atraer inversión, como la imagen del país, la seguridad jurídica, la seguridad, la infraestructura, la energía y la mano de obra.
Gobierno difiere con las posturas de la empresa privada
El diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, afirmó que la reforma tributaria no eliminará por completo los incentivos fiscales y tampoco provocará que las empresas se vayan del país y que generen una gran cantidad de desempleo en Honduras.
Según Pino, con la Ley de Justicia Tributaria, los derechos adquiridos que se extienden hasta el año 2040 se mantienen, y se establecen dos regímenes que conservan incentivos fiscales.
Marlon Ochoa, secretario del Servicio de Administración de Rentas (SAR), afirmó que los regímenes fiscales de incentivos existentes en Honduras han permitido la legalización de la corrupción, convirtiéndose en el único país que los sostiene.
Ochoa destacó que la Ley de Justicia Tributaria tiene como objetivo combatir la corrupción y los abusos, no atacar a la empresa privada. Además, indicó que se necesitan cambios legales para controlar los actos de corrupción.
