Tegucigalpa – Organizaciones de sociedad civil, sector privado, asociaciones juveniles, iglesias y academia se unieron para «recuperar» el Ministerio Público buscando una votación transparente y basada en méritos de los aspirantes.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, explicó que la red pretende «evitar un proceso hundido en la política e irregularidad», al mismo tiempo que reprochó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, el atraso del mismo.
«Según lo establece el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público de hacer la convocatoria para la conformación de una junta proponente, quienes deberán elegir una nómina de cinco candidatos idóneos para remitir al Congreso Nacional, por lo menos 30 días antes que el actual fiscal cese en su cargo», manifestó.
Advirtió que no aceptarán acuerdos políticos o intereses particulares por encima del bien común y Estado de derecho, por lo que pide la incorporación de veeduría ciudadana sin condiciones.
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pidió a los miembros de la junta crear su propia normativa, como lo hizo la Junta Nominadora de la CSJ, y que incorporen a la sociedad civil como veedor y no espectador en la elección.
«Que sean abiertos, que permitan a la sociedad civil participar bajo el principio de publicidad y acceso a la información pública, asegurando con ello la actividad de cada uno de los candidatos», demandó.
De su lado, el representante de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), Javier Martínez, señaló que la democracia necesita nuevas estructuras adecuadas y ciudadanos que crezcan en la decisión y discernimiento moral.
«Todos debemos poner nuestros esfuerzos para sanar la democracia con procesos éticos e ideales altos de justicia», agregó.
Por su parte, el delegado por la Confraternidad Evangélica de Hondura, Daniel Romero, pidió a la CSJ y Congreso, dejar de lado las prácticas corruptas en beneficio de unos pocos.
«No discriminación, que brinde como resultado una elección de profesionales idóneos para dirigir el MP (…) es momento que las autoridades nos devuelvan la justicia y seguridad que anhelamos», apuntó.
El Fiscal General, Óscar Chinchilla, y el Fiscal General Adjunto, Daniel Sibrián, terminan su período constitucional el próximo 31 de agosto, para que el 1 de septiembre tomen posesión las nuevas autoridades.
