Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) han estado en desacuerdo sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras.
El Cohep ha criticado la ley, afirmando que perjudicará a la economía del país y generará más pobreza y desempleo.
También ha argumentado que la ley otorgará mucho poder a la autoridad tributaria, violará los derechos de las personas naturales y jurídicas y creará una nómina de personas con altos patrimonios que dividirá y segregará una de las clases económicas.
El ministro director del SAR, Marlon Ochoa, ha defendido la ley y ha afirmado que investigará a empresas y personas con alto riesgo de evadir impuestos, eliminará privilegios de las leyes y controlará los abusos y excesos de las empresas, aplicando justicia.
Ochoa también ha argumentado que la Ley de Justicia Tributaria permitirá cobrar impuestos dejados de pagar por los más ricos y que se invertirán en programas sociales transparentes.
Además, ha destacado que la Constitución de Honduras favorece a los desposeídos y manda a crear un sistema tributario que cobre más a los ricos que a los pobres.
El exministro de Desarrollo Económico renunció debido a su desacuerdo con las decisiones del Ejecutivo, que se ha generado a raíz de la implementación de la Ley de Justicia Tributaria propuesta por la presidenta Xiomara Castro.
Esta situación ha generado tensiones entre el gobierno y los empresarios, quienes han expresado su preocupación por los efectos que tendrá esta ley en la economía del país y en la población en general.
