Tegucigalpa – En la sesión del Congreso Nacional de Honduras de la noche del 4 de mayo, se ratificó la ampliación del estado de excepción que suspende las garantías constitucionales de los ciudadanos, establecidas en varios artículos de la Constitución de la República, hasta el 21 de mayo.
Esta medida fue aprobada en el Consejo de Ministros y tiene como objetivo brindar más tiempo a la Secretaría de Seguridad para implementar el plan de seguridad en las zonas designadas.
A pesar de la ratificación de esta ampliación de 45 días, la medida tuvo una amplia discusión y el rechazo de la oposición, que exige resultados concretos en la lucha contra la delincuencia y la violencia. La diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras, recordó que el país lleva ya cinco meses bajo estado de excepción y exigió un reporte sobre los logros alcanzados.
En la misma línea, el diputado Jorge Gámez del Partido Nacional destacó que el pueblo hondureño no merece vivir en una situación de inseguridad como la actual, y cuestionó la efectividad del estado de excepción ante la falta de control en las cárceles, la extorsión y otros problemas de violencia que persisten en el país.
Por su parte, el diputado Rafael Sarmiento del Partido Libertad y Refundación (Libre) recordó que este es el cuarto estado de excepción que se establece en el país como política de estado para devolver la paz a los hondureños. Aunque enlistó algunos resultados reportados por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, aseguró que esta situación no puede durar para siempre.
En medio de los debates, el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal manifestó su desilusión ante la falta de control en las cárceles y la persistencia de la violencia en el país. También cuestionó la utilidad de los estados de excepción, al tiempo que señaló la necesidad de una verdadera política de estado en materia de seguridad.
El diputado Jari Dixon, del partido en el poder, instó a todos los parlamentarios de todos los partidos a apoyar la extensión del estado de excepción, y acusó a quienes se oponen de estar vinculados con el crimen organizado.
Sin embargo, el diputado Yuri Sabas, del partido Liberal, argumentó que no se puede descalificar a alguien por estar en contra y que la seguridad es un tema de vidas humanas.
La diputada Maribel Espinoza del PSH, por su parte, pidió que se actuara con responsabilidad y presentó una moción para modificar la suspensión de garantía en concordancia con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero su propuesta fue rechazada.
El Congreso Nacional aprobó la ampliación del estado de excepción.
En definitiva, aunque se ratificó la ampliación del estado de excepción, la medida sigue siendo objeto de controversia y debate en Honduras.
