Tegucigalpa. – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), manifestó su preocupación por los contenidos de la Ley de Fondos Departamentales que aprobó el Congreso Nacional el pasado 18 de octubre, al considerar que esta erosiona el marco jurídico e institucional hondureño de la prevención y combate a la corrupción.
A través de su cuenta de Twitter, la MACCIH emitió el comunicado de prensa donde da a conocer su posición con respecto a la nueva ley que respaldaron la mayoría de diputados de la Cámara Legislativa.
El organismo considera que la “Ley de Reactivación del Fondo Social Departamental” dificultará las investigaciones por malversación de fondos relacionados con el bienestar social.
Para la Misión, la ley introduce nuevos mecanismos que podrían retrasar hasta en siete años el inicio de estas investigaciones por parte del Ministerio Público.
En el comunicado, la MACCIH reflexiona que la normativa contraviene la Constitución al atribuir al Legislativo poderes que corresponden constitucionalmente al Ejecutivo.
“La Ley es también contraria a la Constitución al atribuir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) capacidades que constitucionalmente corresponden al Ministerio Público”, argumenta.
La Misión recuerda que, ya en enero de 2018, se pretendió legislar exactamente lo mismo, en aquella ocasión a través de la modificación de la Ley del Presupuesto. Ya entonces la MACCIH llamó la atención sobre la irregularidad, que fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Finalmente, la Misión expresa su preocupación pues la nueva normativa afectará los procesos ya judicializados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (Ufecic‐MP) y las investigaciones que actualmente se encuentran en curso a cargo de los equipos integrados MACCIH/Ufecic. Esta situación no demuestra un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
