Tegucigalpa – El designado presidencial, Salvador Nasralla, emitió declaraciones contundentes este jueves en relación al nepotismo denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En primer lugar, Nasralla destacó la exposición realizada por la titular del CNA, Gabriela Castellanos, sobre el evidente nepotismo presente en el actual gobierno. Hizo referencia a los apellidos Zelaya, Castro y Soto, señalando que este nepotismo es innegable.
Consideró al gobierno como completamente incompetente, que no toma decisiones adecuadas ni en el ámbito de la salud ni en la economía.
Además, afirmó que el gobierno ha violado el acuerdo pactado el 13 de octubre de 2021, el cual estipulaba que las decisiones y nombramientos de los ministerios y direcciones serían elegidos por Salvador Nasralla y Xiomara Castro, y cuestionó la forma en que se están llevando a cabo dichos nombramientos.
En cuanto a Xiomara Castro, a quien ha criticado en repetidas ocasiones, Nasralla la considera una mera portavoz que lee las cartas redactadas por asesores comunistas. Sostiene que detrás de ellos hay personas de nacionalidad cubana, venezolana y nicaragüense que redactan los discursos para ella.
Recalcó su derecho a criticar el nepotismo y las acciones erróneas del gobierno, y mencionó que se están desperdiciando millones de dólares que podrían invertirse para beneficio de la población, generando empleo y brindando bienestar a la gente.
En relación a la adhesión de Honduras a la CAF, Nasralla advirtió que si se aprueba el decreto sin la ratificación correspondiente en el hemiciclo, tanto el presidente del Congreso Nacional como el presidente del Ejecutivo podrían enfrentar un juicio político.
Hizo hincapié en que, de aprobarse sin cumplir los procedimientos legales establecidos, tanto Xiomara Castro como Luis Redondo podrían enfrentar consecuencias legales significativas.
Con estas declaraciones, Salvador Nasralla evidencia su postura crítica hacia el nepotismo y cuestiona la legitimidad de ciertas decisiones tomadas por el gobierno actual, generando un debate sobre la transparencia y la legalidad en la gestión gubernamental.
