Según la ONG Global Witness, desde 2002 hasta la fecha, se han asesinado a 60 líderes indígenas y activistas ambientales en Perú.
Por El Nacional
La noche del 8 de abril, Santiago Contoricón, uno de los líderes indígenas de la Amazonía peruana, se asomó a la ventana de su casa de Puerto Ocopa. Un hombre que estaba en el patio había llamado a la choza preguntando por él.
Al abrir la cortina para asomarse a la ventana, recibió un disparo en la cabeza que lo mató casi en el acto. El asesinato pasó desapercibido esa noche.
Hasta ahora sólo se ha capturado a un sospechoso del crimen. La policía ha atribuido la muerte de Contoricón a una venganza de los narcotraficantes que operan en la zona y con los que el líder indígena solía tener problemas.
Con el asesinato de Contoricón, ya son 20 líderes indígenas y defensores de la Amazonía peruana que han sido asesinados desde 2020 por criminales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras. Y los asesinatos no se limitan a Perú.
Indígenas asesinados
Entre 2016 y 2021, según información recopilada por 11 organizaciones ambientales y de derechos humanos, 58 líderes indígenas y residentes fueron asesinados en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Para comprender más sobre los asesinatos de indígenas en Perú, Peru Reports habló con Ángel Valerio, presidente de la Central Asháninka Río Ene, una organización política indígena que representa a las 19 comunidades nativas peruanas de la cuenca del río Ene, en el Vraem (acrónimo en español del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), un área del centro de Perú conocida por su producción de cocaína.
Valerio explicó que ha recibido amenazas desde 2019 por parte de grupos disidentes de Sendero Luminoso, un grupo narco-guerrillero maoísta que aterrorizó al país en la década de 1980 y 1990.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso desplazó aproximadamente a 10.000 asháninkas, asesinó a 6.000 y capturó a 5.000. Los asháninkas son una de las tribus indígenas más grandes de América del Sur.
«Durante los primeros 10 años desde nuestra fundación en 1993, Sendero Luminoso aún existía, y ayudamos a rescatar a nuestros hermanos secuestrados. Pero también a repoblar las comunidades nativas que fueron desplazadas de sus tierras», explicó Valerio.
El líder indígena dijo que, aunque «la época del terrorismo ha pasado, aún quedan vestigios de Sendero Luminoso que se hacen llamar Partido Comunista Militarizado de Perú, que sirve como ala armada de los traficantes de drogas».
«En los últimos 10 años estamos siendo testigos de la nueva amenaza del narcotráfico y las comunidades están nuevamente en alerta. En Ayacucho, Cusco y Junín, hay varias comunidades que han sido invadidas por cultivadores de hoja de coca vinculados al narcotráfico», dijo Valerio.
Según la ONG Global Witness, desde 2002 hasta la fecha, se han asesinado a 60 líderes indígenas y activistas ambientales en Perú.
Algunos de los últimos asesinatos incluyen a Ulises Rumiche, un profesor bilingüe que recibió un disparo en la cabeza en la región de Junín; Erasmo García Grau, del grupo étnico cacataibo, quien fue secuestrado y asesinado a tiros en Ucayali; y Arbildo Meléndez, encontrado con una herida de bala en medio del bosque en Huánuco.
Un comunicado de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), otra organización indígena que representa a 35 comunidades nativas, criticó a las autoridades, diciendo: «Estamos solos enfrentando el narcotráfico y el terrorismo».
«Los gobiernos nos han abandonado y, como consecuencia, las organizaciones criminales vinculadas a las economías ilegales están asesinando a nuestros líderes impunemente», decía el mensaje.
Valerio le dijo a Peru Reports que la Central Asháninka Río Ene siempre ha intentado «solicitar la ayuda del Estado peruano para detener el cultivo de coca y el narcotráfico».
«Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada», explicó.
«No hay una respuesta inmediata por parte del Estado, no hay protección para los defensores del medio ambiente, a pesar de que el Ministerio de Justicia tiene un mecanismo para la protección de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos», agregó.
Hay aproximadamente 50 comunidades en toda la cuenca del río Ene que sufren los efectos de las economías ilegales. En cada comunidad, hay entre 1.000 y 2.000 habitantes cuya calidad de vida se ve afectada por el crimen.
«Las principales consecuencias del narcotráfico son la reducción de nuestros territorios. Hay una falta de paz y seguridad. Desafortunadamente, también hay muchos jóvenes asháninkas que participan en actos ilegales porque no hay oportunidades de empleo», dijo Valerio.
Señaló que el área está rodeada de remanentes de Sendero Luminoso, así como de madereros ilegales. «Amenazan nuestras vidas, porque muchas veces no les permitimos operar ilegalmente».
En la cuenca del río Ene hay puestos del ejército, pero según Valerio, «no están haciendo su trabajo para brindar seguridad a todas las comunidades, ya que están distantes y casi no hay presencia policial».
«Tengo miedo de que intenten atentar contra mi vida en cualquier momento, pero no soy el único amenazado. En los últimos años, otros líderes han sufrido hostigamiento e intimidación por defender sus territorios», explicó.
