San Pedro Sula – La tarde del pasado sábado, varios individuos armados intentaron quitarle la vida a una abogada en la 9ª calle y 13ª avenida del barrio Los Andes en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
La víctima, identificada como Erika Yazmín Manzanares Moreira, se encontraba viajando en un vehículo tipo pickup, un Chevrolet Colorado de color verde olivo, junto a su hijo.
El automóvil resultó con múltiples impactos de bala en la parte frontal y los costados, pero afortunadamente tanto la abogada como su hijo salieron ilesos.
Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a profesionales del derecho en la región. Durante esta misma semana, se reportó un atentado contra el abogado José Ramón Osorio en los alrededores de los juzgados de San Pedro Sula.
En ese caso, el abogado logró neutralizar al sicario y responsabilizó del suceso al empresario Nicolás Maloff Flefil, quien también fue detenido por las autoridades.
Además, el pasado 5 de junio, el abogado Iván Martínez sufrió un ataque criminal en la colonia Modelo de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Martínez resultó gravemente herido por disparos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial privado, donde inicialmente se informó su fallecimiento.
Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los médicos, pudo ser reanimado y posteriormente trasladado a otro hospital. Actualmente, el abogado se encuentra en proceso de recuperación de sus heridas.
En medio de estos actos de violencia que han afectado a profesionales del derecho, la ciudad de San Pedro Sula se prepara para implementar un toque de queda a partir del próximo martes 4 de julio.
El toque de queda estará vigente desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., como medida para hacer frente a los altos niveles de violencia en la zona.
Estos hechos preocupantes reflejan la necesidad de tomar acciones firmes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger a quienes ejercen la labor de la abogacía en Honduras.
Las autoridades deben trabajar de manera diligente para investigar estos actos criminales y llevar a los responsables ante la justicia, brindando así un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de la profesión legal en el país.
