Un informe cuantifica en casi 740.000 las vidas de niños de menos de 5 años salvadas por este tipo de programas en Brasil, México y Ecuador en 20 años.
Por El País
El entorno económico en Latinoamérica no ha dado señales de mejoras sustanciales tras sufrir los embates de la pandemia. En ese contexto de inflación al alza y deterioro de las condiciones laborales, un estudio reciente recomienda proteger los programas sociales de transferencias directas, particularmente los que condicionan el pago de dinero a familias de bajos ingresos al cumplimiento de metas sanitarias y educativas de sus hijos.
En los últimos 20 años, estos planes gubernamentales —focalizados en los grupos de mayor vulneración— han prevenido las muertes de casi 740.000 vidas de infantes de menos de 5 años en Brasil, México y Ecuador (una caída de 24% en la mortalidad), de acuerdo con un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación la Caixa.
Mientras más consolidados y monitoreados estén los programas, mejores resultados aportarán, dijeron los investigadores principales del proyecto a América Futura. Es así como, en los municipios donde detectaron mayor cobertura, también identificaron una menor incidencia de enfermedades relacionadas a la pobreza como diarrea, malnutrición, tuberculosis, malaria o VIH/sida, entre otras.
“Era importante identificar el retorno de la política”, explica Davide Rasella, investigador de ISGlobal y coordinador del análisis. “Pero el objetivo era el futuro, porque estamos en un mundo de policrisis, de extrema vulnerabilidad; vivimos la crisis de las 3C: el clima, el conflicto de Ucrania y la crisis poscovid. Además, la inflación está aumentando”.
A pesar de haber experimentado una leve mejoría en las condiciones de vida a partir del 2021, cuando los confinamientos se empezaron a relajar, la región aún no retoma su ritmo de crecimiento prepandemia, según alertó a finales del año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Al menos 201 millones de personas viven en pobreza en América Latina y el Caribe, o un 32% de la población. De ellos, unos 82 millones (el 13%) se enfrenta a la pobreza extrema, es decir, se ven imposibilitados de cubrir necesidades básicas vitales como sanidad, educación, alimentación o vivienda.
La Cepal incluso llamó a los Estados a abordar con urgencia la situación “para evitar el riesgo de una generación perdida”.
Austeridad fiscal
El estudio retrospectivo analizó resultados sanitarios y de educación arrojados en los últimos 20 años por tres programas: Bolsa Familiar en Brasil, Bono de Desarrollo Humano en Ecuador y Progresa en México. Este último ya no existe desde 2018.
Además, los investigadores utilizaron la data para hacer previsiones a futuro. Por ejemplo, en un escenario de crisis media, la ampliación de la cobertura de los planes para incluir a los “nuevos pobres” reduciría la mortalidad infantil hasta en un 17% y evitaría 153.601 muertes infantiles en los tres países. “Necesitamos proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, de preferencia con transferencias condicionadas para hacer un acompañamiento más completo de los programas sociales”, agregó Daniella Medeiros, investigadora de la Universidad Federal de Bahía y primera autora del estudio.
“Sabemos que aumentar la cobertura de los programas sociales significa más costos para los gobiernos, pero estamos hablando de vidas, de derechos fundamentales”, recalcó Medeiros.
Impacto de género
A menudo, los programas de asistencia social son utilizados como bandera en las campañas políticas. Por ende, sufren cambios de metodología o son suprimidos de tajo cuando cambian los gobernantes. En el caso de México, el programa Progresa, que se instauró en 1997 fue erradicado en 2018 cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. El mandatario lo sustituyó por una decena de planes de transferencias directas, aunque algunos ya no existen.
Para los investigadores, la diferencia principal entre las transferencias directas y las condicionadas está en que en el segundo caso “el dinero se tiene que gastar, básicamente, en el cuidado de los niños”, explica Carlos Chivardi, investigador de la Universidad de York y otro autor del estudio. “Desde el diseño, estos programas se pensaron, sí, para combatir la pobreza, pero principalmente para no perpetuar la pobreza”. Y de ahí, su énfasis en los infantes.
Además, por esta misma razón, el sondeo encontró que estos programas también tienen incidencia en mejorar las condiciones de género en las familias de menores recursos, pues las mujeres (las principales cuidadoras) suelen ser las beneficiarias primarias de las transferencias.
“El diseño y la implementación de estos programas sociales se basó en las transferencias a hogares, pero específicamente a la mujer. Porque hay muchos estudios de evidencia, particularmente en el caso de México, que indican que las mujeres hacen un mejor uso de los recursos, en comparación de los hombres”, señaló Chivardi.
