Tegucigalpa – Julieta Castellanos, reconocida socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha señalado un claro conflicto en la junta directiva del Congreso Nacional, liderada por Luis Redondo. Según Castellanos, este conflicto surge debido a la preferencia por la imposición en lugar del consenso en la toma de decisiones.
En sus declaraciones, Castellanos destaca que las autoridades legislativas parecen estar centrando sus diálogos solo en los 50 diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), mientras que enfrentan desafíos y tensiones con las bancadas de oposición, que incluyen al Partido Nacional, al Partido Liberal y al Partido Salvador de Honduras (PSH). Estos tres partidos representan un total de 84 congresistas en conjunto.
«La junta directiva enfrenta grandes desafíos para lograr un Congreso funcional, ya que parece no aceptar la existencia de una oposición y no reconoce que el partido de gobierno no posee una mayoría simple de votos (65 votos)», argumenta la académica.
La socióloga advierte que esta situación puede llevar a un estancamiento en la elección de titulares del Ministerio Público en las próximas dos semanas, ya que se requiere una mayoría calificada de 86 votos favorables para su elección.
En relación con el Congreso Nacional, Castellanos subraya que la incertidumbre generada en esta institución, caracterizada por la presencia de fuerza, arbitrariedad e ilegalidad, ha erosionado su credibilidad considerablemente, situándola en un rango de aprobación de entre el 15 y el 18 por ciento.
Un plazo crucial se acerca en el horizonte: el 31 de agosto marca el final del período constitucional de cinco años para Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público, respectivamente.
Antes de esta fecha, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de elegir, mediante una mayoría calificada, a los sucesores de Chinchilla y Sibrián, quienes asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2023 y permanecerán en funciones hasta el 31 de agosto de 2028. Los congresistas tendrán que seleccionar a los nuevos líderes de la Fiscalía a partir de una nómina de cinco candidatos propuestos por la Junta Proponente y remitida al Poder Legislativo.
En el caso de que no se logre una elección, Chinchilla y Sibrián continuarán en sus roles hasta que se nombren a sus sucesores, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Este período de cambio y elección representa un momento crítico en la lucha de Honduras por una justicia transparente y efectiva.
