La justicia de Georgia emitió el lunes diez inculpaciones en la investigación sobre el presunto intento del expresidente Donald Trump de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado clave del sur de Estados Unidos, según medios locales.
Al término de una audiencia de un día, imágenes de televisión mostraron el lunes por la noche a un juez firmando las conclusiones del gran jurado.
Sin embargo, los nombres de las personas acusadas y los cargos no fueron revelados inmediatamente.
Al parecer, los documentos estaban siendo procesados por un secretario judicial antes de que pudieran hacerse públicos.
Si lo acusan formalmente sería la cuarta inculpación en menos de seis meses contra Trump, claro favorito entre los republicanos para la nominación de cara a las presidenciales de 2024.
Los expertos jurídicos pronostican que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, recurrirá a una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas, y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión.
Entre los testigos, dos excongresistas demócratas y el exvicegobernador republicano de Georgia testificaron ante el gran jurado.
La fiscal constituyó este gran jurado, un panel de ciudadanos con poderes de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.
Sin esperar el resultado, el expresidente arremetió este lunes en su plataforma Truth Social contra uno de los testigos: el exvicegobernador republicano Geoff Duncan, diciendo que “no debería” declarar en el caso.
Y volvió a atacar a la fiscal, a quien acusó de “sólo querer ‘agarrar a Trump’”. Además, reiteró, sin pruebas, que fue víctima de un fraude en Georgia en 2020 en beneficio de su rival Joe Biden.
Llamada telefónica
La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.
En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente sino que designan a grandes electores de cada estado, que son quienes votan por uno u otro candidato.
Se prevé que los cargos revelen “una serie de actos ilícitos para revertir el resultado de las elecciones en Georgia: piratería informática, declaraciones falsas, acoso, etc”, enumera en las redes sociales Anthony Kreis, profesor de derecho en la universidad de este estado.
El jurista conservador Jonathan Turley cree que la importancia que se dé a esta llamada telefónica será “reveladora” de la credibilidad del caso.
“Si la acusación se basa en esta llamada parecerá un golpe político”, escribió en una columna publicada el lunes.
Los abogados de Trump también protestaron en un comunicado después de que varios medios de comunicación afirmaran haber visto brevemente en la página web del tribunal un documento con los cargos contra su cliente.
La corte negó que fuera oficial, lo que no ha impedido que los abogados acusen a la oficina del fiscal del condado de “no respetar la integridad del proceso del gran jurado”.
El gran jurado ya ha recomendado que se inculpe a una docena de personas, pero no ha precisado a quiénes.
Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta donde se lleva a cabo la investigación.
A diferencia de los juicios federales, el procedimiento en Georgia es televisado, pero el magnate, que debe gran parte de su fama a un programa de telerrealidad, podría pedir que un abogado lo represente.
Aunque ganara las presidenciales de 2024, si fuera condenado, no podría indultarse ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el estado federal no tiene autoridad.
Trump ha sido inculpado por otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (en un caso en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio (en una corte de Nueva York).AFP
