Tegucigalpa – El quórum, un elemento fundamental en cualquier sesión legislativa, se ha convertido en un punto de discordia en el Congreso Nacional de Honduras.
La controversia surge debido a las recientes decisiones tomadas durante una sesión legislativa y la disputa sobre si se alcanzó el quórum necesario para que estas decisiones sean válidas.
El Congreso Nacional de Honduras, un órgano unicameral compuesto por 128 diputados, requiere al menos 65 legisladores presentes para iniciar una sesión y tomar decisiones formalmente válidas.
Sin embargo, durante una reciente sesión, los diputados de la oposición argumentaron que un decreto relacionado con las municipalidades se aprobó solo con los 50 votos del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que, según ellos, no cumplía con el quórum necesario.
Esta disputa provocó un acalorado debate en el Congreso, con acusaciones de falta de quórum y votaciones sin apoyo suficiente.
Mientras que algunos diputados insistieron en que se cumplió con el quórum al tener 95 diputados presentes al inicio de la sesión, otros argumentaron que la salida de varias bancadas durante la sesión invalidaba las decisiones tomadas.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, consultó sobre el quórum al inicio de la sesión y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, la situación cambió a medida que la sesión avanzaba y las tensiones aumentaban.
La bancada del Partido Nacional presentó una moción de orden para derogar un artículo del decreto, pero esta moción no fue debatida ni sometida a votación, lo que generó una protesta por parte de los diputados de esta bancada y el posterior abandono de la sesión por parte de las bancadas del Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras (PSH).
La controversia sobre el quórum en el Congreso Nacional resalta la creciente polarización y falta de consenso en el ámbito legislativo. Además, plantea interrogantes sobre la validez de las decisiones tomadas durante esta sesión y la necesidad de un diálogo más efectivo entre las diferentes fuerzas políticas.
Estos desacuerdos y tensiones podrían tener un impacto en la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, programada para antes del 1 de septiembre, lo que resalta la importancia de resolver estas disputas de manera adecuada y transparente en beneficio del país y su sistema democrático.
