Por: Mar Centenera | El PaísLa economía argentina agoniza. El peso, su moneda nacional, se hunde sin freno pese a los esfuerzos del Gobierno por mantenerlo a flote: vale la mitad que a principios de año. Los precios, en cambio, vuelan. La inflación interanual supera el 113% y el mercado prevé que se acerque al 150% en diciembre, cuando asumirá el cargo el presidente elegido en las urnas el próximo 22 de octubre.
Uno de cada cuatro habitantes vive en la pobreza y la deuda es del 85% del PIB. Los argentinos, hartos de una crisis que se agrava a cámara lenta y a la que no ven el final, parecen decididos a dar la espalda al peronismo gobernante y girar a la derecha con un voto a la oposición. Hacerlo significaría abrir las puertas al dólar como moneda de curso legal, pero cada plataforma electoral propone un camino distinto.
Después de una década de estancamiento, la situación es tan alarmante que la campaña electoral ha estado centrada en la economía y se prevé que continúe así en el mes largo que falta hasta la convocatoria a las urnas. Es un terreno de juego en el que se mueve cómodo el favorito en las encuestas, el economista ultraliberal Javier Milei, candidato a presidente por el partido de extrema derecha La Libertad Avanza. Su rival desde la alianza peronista Unión por la Patria, Sergio Massa, lo conoce también a fondo pero carga con el peso de una gestión impopular: hace un año que está al frente del Ministerio de Economía. La tercera contrincante, Patricia Bullrich, de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, es la más débil en ese campo y ha cedido la palabra a quien propone como ministro de Economía, el expresidente del banco central Carlos Melconian.
Cualquier diagnóstico destaca la falta de crecimiento económico. Entre 2011 y 2022, el PIB de Argentina aumentó sólo un 0,4%, pero la población creció casi un 1% anual, hasta los 46 millones. Es el mismo pastel, pero toca repartirlo entre muchos más, por lo que el ingreso promedio de la población es un 9% inferior al de 11 años atrás. La distribución es cada vez más desigual. Desde 2017 hasta mitad de 2023, la participación de los salarios en el PIB cayó siete puntos (de representar el 55,6% al 48,4%) mientras que las ganancias empresariales avanzaron tres (del 35% al 38,4%).
Otro mal endémico es la inflación. En 2015, cuando asumió Mauricio Macri la presidencia, era del 25%. En sus cuatro años de mandato se duplicó, hasta el 54%. Fernández entregará a su sucesor un país en el que el ritmo de aumento de los precios es casi el triple. Aunque Argentina tiene una inflación alta —la segunda del continente por detrás de la catástrofe de Venezuela— los números de este 2023 son récord en tres décadas. El riesgo de hiperinflación se mantiene lejos sólo por la existencia de una gran “cantidad de restricciones cambiarias que hacen que los argentinos no puedan huir del peso y dolarizarse”, según el economista Martín Redrado.
La inflación galopante ha acelerado el deterioro económico, en especial entre aquellos trabajadores con empleos no registrados. Sus ingresos han crecido un 82%, 31 puntos por debajo del avance del 113% que refleja el IPC. Esa brusca pérdida de poder adquisitivo ha golpeado a familias con el agua al cuello desde hace años y a otras que ven cómo les llega a la cintura y no deja de subir. Entre ellas ha calado con fuerza el discurso antisistema de Milei, aunque sus promesas electorales contemplan un tijeretazo al gasto público que amenaza con recortarles lo poco que tienen.
“Macri fue malo y Alberto peor. ¿Por qué no darle una oportunidad a Milei?, es el único que aún no me decepcionó”, pregunta la jubilada Ana Lacamoire. Aunque tiene casa propia y sus hijos ya se han independizado, la pensión que recibe del Estado es insuficiente para llegar a fin de mes y realiza trabajos esporádicos de limpieza para redondear sus ingresos. “En 2001 estalló todo, fue terrible, pero luego nos recuperamos rápido. Ahora nos hundimos pasito a pasito en un agujero que no sabemos cuán hondo es”, compara Lacamoire.
El fantasma de la crisis del corralito revivió en las últimas semanas, cuando se registraron saqueos a comercios en distintas provincias del país. El conato de estallido social se apagó, pero queda una larga transición hasta el 10 de diciembre. Massa intenta que la bomba no explote en sus manos y ha anunciado el pago de dos bonos equivalentes a 80 dólares a los trabajadores con sueldos más bajos. Tiene a su favor también una vasta red de contención social, formada por comedores gratuitos y ayudas estatales, casi inexistente 20 años atrás.
Argentina está acostumbrada a la quiebra y la recuperación. Desde 1980 ha suspendido cinco veces los pagos de su deuda externa, un récord mundial, y es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, que le concedió un crédito de 44.000 millones en 2018. “Las crisis aportan una capacidad extraordinaria para soportar decisiones que no dependen nunca de nosotros”, asegura Mario Koch, dueño de la empresa de servicios de seguridad Starx Security. Con 30 años de trayectoria y 24 empleados a cargo, recuerda que en uno de los peores momentos tuvo que vender su casa para mantener a flote la empresa, pero después pudo remontar.
Quiebra y recuperación
Los empresarios argentinos tienen que echar la vista muy atrás para encontrar un periodo prolongado de certidumbre económica que favoreciese las inversiones. Koch coincide, pero cree que al final no queda otra que manejarse con las cartas que tocan. Hace unos meses decidió dejar de ser sólo un proveedor y comenzar a fabricar sus propios productos en el país y en China. “La seguridad está instalada como una necesidad en Argentina y no se revierte por una crisis”, dice al justificar la apuesta.
La pérdida de poder adquisitivo es tan grande que el cobro de una jubilación o un sueldo han dejado de ser garantía para no caer en la pobreza. El desempleo está en un nivel muy bajo, del 6,9%, pero hay un número creciente de trabajadores precarizados y pluriempleados a los que la inflación devora los ingresos. “Argentina no tiene un problema de empleo sino de calidad del mismo”, señala la consultora Ecolatina en un informe reciente. En él se destaca que el 10% de los trabajadores del país tiene dos o más empleos, tras un aumento del 25% desde 2018, cuando Argentina entró en recesión. “Los ingresos bajos estimulan la participación en el mercado de trabajo y lo que no se ajusta por cantidades no solo ajusta por precios sino también por bienestar, reduciendo tiempo de ocio y de educación”, agrega el informe.
Viajar al extranjero es un lujo para muchos argentinos. Sin embargo, la devaluación del peso ha convertido al país en una ganga para los extranjeros. En los pasos fronterizos con Uruguay, Chile y Brasil se forman largas colas de automóviles para entrar al país sudamericano y cargar el carrito de la compra y el depósito del coche. “Con 100 dólares compro lo mismo que en Uruguay con 300″, cuenta la uruguaya Mabel Gutiérrez, quien cruza el puente que conecta Fray Bentos con Gualeguaychú una vez al mes para ir al supermercado, a la farmacia y comer en algún restaurante.
Gualeguaychú es una tranquila ciudad del litoral argentino de poco más de 100.000 habitantes, famosa por su carnaval. Sus habitantes entienden el comportamiento de sus vecinos uruguayos. Recuerdan que ellos hacían lo mismo en los años noventa, cuando el sistema de convertibilidad que rigió bajo el Gobierno de Carlos Menem los favorecía con una moneda fuerte: un peso era igual a un dólar.
La crisis del corralito hizo saltar por los aires esa paridad que se mantuvo durante una década. En enero de 2002, el tipo de cambio pasó a ser de 1,4 pesos por dólar. A finales de 2019, cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, era de 62 pesos por dólar. Desde entonces ha escalado hasta los 365 pesos por dólar. Pero esa cotización oficial convive con una docena de tipos de cambio paralelos surgidos a medida que se endurecieron las restricciones cambiarias. El dólar MEP, al que recurren empresas y particulares para conseguir divisas a través de operaciones bursátiles, está a 671 pesos por dólar. En las calles del centro de Buenos Aires, los cambistas conocidos como arbolitos, ofrecen el billete verde a 730 pesos a los transeúntes que pasan. Es una operación ilegal, pero legalizada de facto, que se realiza sin problemas frente a la policía.
El Gobierno ha intentado sostener el valor del peso mediante intervenciones en el mercado de cambios a costa de dilapidar las escasas reservas del banco central, que están en números rojos. Argentina es un país con déficit crónico de divisas, pero la situación es crítica en este 2023 debido a una sequía sin precedentes que hizo estragos en el campo, el sector que aporta siete de cada diez dólares que ingresan al país.
Las pérdidas por la sequía ascienden a unos 20.000 millones de dólares y han provocado un enorme desequilibrio en la balanza comercial, deficitaria en más de 5.000 millones de dólares en los primeros siete meses del año. Sería aún mayor de no ser por el recién inaugurado gasoducto entre la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el sur, con el centro del país. La obra de ingeniería energética permitirá un ahorro de más de 2.000 millones en la factura energética.
Con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y cuidar los escasos dólares disponibles, el Gobierno autoriza las importaciones con cuentagotas. “Estamos teniendo muchos problemas para importar. Están todos los permisos frenados”, cuenta Koch en su oficina de Buenos Aires, donde se acumulan cajas de compras previas realizadas en China. La situación se repite por todo el país. Los importadores temen que el peso se devalúe aún más después de las elecciones y quieren adelantar todas las compras posibles en el exterior antes de que el precio se encarezca. En el otro extremo, los exportadores esperan a la cita electoral por el motivo contrario: un tipo de cambio más alto que aumente sus ganancias.
La renegociación con el FMI por el incumplimiento de los objetivos de acumulación de reservas y reducción del déficit fiscal —que postergó dos meses la entrega de los fondos comprometidos— obligó al ministro Massa a llamar a todas las puertas en busca de dólares. Encontró respuesta en China, que autorizó el uso de hasta 10.000 millones de dólares como parte del intercambio de monedas; en Qatar, de quien obtuvo un crédito puente de casi 800 millones de dólares; y en organismos internacionales como el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.
Grito contra los políticos
Milei es un recién llegado a la contienda electoral, pero supo leer el desencanto social con los políticos y comenzó a crecer, en especial entre los más jóvenes, con promesas de “echarlos a todos a patadas en el culo”. En 2021 consiguió un asiento de diputado. Dos años después, canaliza como nadie el malestar frente a la enésima crisis económica. Fue el candidato más votado (30%) en las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, que funcionan de facto como una gran primera vuelta. Ganó en 16 de las 24 provincias del país con un voto que atraviesa todas las edades y las clases sociales. Juntos por el Cambio quedó a casi dos puntos de distancia y el peronismo a tres.
La promesa estrella de este admirador de Milton Friedman es la dolarización. Con ella tocó una cuerda sensible a los argentinos, que ganan en pesos pero piensan en verde como protección frente al largo historial de devaluaciones y saltos inflacionarios. Milei dice en voz alta lo que muchos opinan en voz baja: el peso no da para más. Los precios de los inmuebles hace años que están en dólares, los de los automóviles también y poco a poco la divisa estadounidense se extiende a hoteles y contratos de alquiler.
Las dificultades comienzan a la hora de aplicar la dolarización. En marzo Milei precisó que proponía ir a una banca financiera con 100% de encaje. “Esto quiere decir que funciona como una enorme caja fuerte. Si querés sacar tu dinero, lo podés hacer pagando una tarifa”. El camino hacia la dolarización incluía también la eliminación de la superintendencia de entidades financieras para lanzarse a una competencia de monedas y, como última fase, canjear los pasivos monetarios remunerados del banco central por deuda pública. “El resto, dólares y títulos públicos, los usas para rescatar la base monetaria”, dijo Milei al explicar su plan cuatro meses atrás, cuando aún nadie creía que tuviera posibilidades de llegar a la presidencia.
Miedo al futuro
Más que miedo al pasado, los jóvenes argentinos tienen miedo al futuro. Uno de los más acuciantes es el de quedarse sin techo. Sólo unos pocos privilegiados, o aquellos que cuentan con una ayuda familiar, pueden soñar con ser propietarios. El crédito hipotecario siempre ha sido muy escaso, pero en 2023 se ha reducido al mínimo, hasta el 0,2% del PIB. En Brasil supera el 10% y en Chile, el 20%. “El crédito hipotecario conecta los deseos de futuro con el presente”, destaca el economista Emmanuel Álvarez Agis. La crisis habitacional, sumada a la incertidumbre económica y electoral, impide cualquier planificación.
Siete de cada diez argentinos de entre 18 y 29 años respondieron que les gustaría irse del país, según una encuesta de la Universidad de Buenos Aires realizada unos meses atrás. El número exacto de quienes pasan de la palabra al hecho es difícil de saber por la ausencia de datos oficiales, pero sí se conocen los destinos más elegidos como país de residencia de los últimos tres años: Brasil, España y Chile.
Los jóvenes que se quedan en el país y no tienen la opción de adquirir una vivienda, intentan alquilar, pero encontrar un piso disponible se ha convertido en un calvario. La merma de los ingresos choca con un aumento de los precios de los alquileres por encima incluso de la inflación debido a una escasez de oferta sin precedentes. La Ley de Alquileres aprobada en 2020, durante la pandemia de covid, extendió el plazo mínimo de los contratos a tres años y ese tiempo es una eternidad en Argentina. La normativa prevé, además, subidas anuales reguladas por un índice oficial. Los meses inmediatos al aumento suponen un desembolso importante para el inquilino, pero con una inflación superior al 100%, los últimos duelen mucho menos.
Algunos propietarios se han mantenido dentro de la ley, pero otros han optado por alternativas negociadas bajo mano. Entre ellas destaca la fijación de un precio en dólares, que hasta hace poco era exclusivo para las viviendas de lujo o con fines turísticos. La mayoría de los escasos anuncios publicados hoy en las plataformas digitales tienen precios en la divisa estadounidense. De llegar a un acuerdo, el inquilino puede abonar después el equivalente en pesos, pero supone un aumento mensual de facto dada la devaluación de la moneda argentina. Los que pueden prefieren mantener vacía la propiedad a la espera de un cambio de Gobierno. Confían en que tanto Bullrich como Milei mantengan su promesa de derogar la ley.
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