Organizaciones defensoras del medio ambiente y los derechos humanos acusaron este martes a la Universidad de Harvard, el fondo de pensiones TIAA y la empresa agrícola Bunge, de Estados Unidos, de impulsar la deforestación del Cerrado (sabana tropical) de Brasil para la producción de soja.
Amigos de la Tierra, la Red Brasileña para Justicia social y derechos humanos, y ActionAidUSA publicaron un informe llamado “Apropiación de tierras y ecocidio” en el que detallan cómo las tres entidades, al impulsar la deforestación, también fomentan la violencia contra pueblos indígenas en el Cerrado.
El Cerrado, conocido como el “tanque de agua de Brasil”, es la sabana tropical más biodiversa del mundo, abarca el 5 % de las especies de plantas y animales a nivel global, y es hogar de comunidades indígenas, afrodescendientes y tradicionales.
Según el informe, en 2022 se destruyeron más de 1 millón de hectáreas de vegetación nativa en la ecorregión, un 25 % más que en 2021, y en la primera mitad de 2023 la producción de soja en el país ha alcanzado niveles récord, impulsada por “la expansión de las plantaciones”.
Harvard, uno de los mayores propietarios extranjeros de tierras en Brasil, adquirió 300.000 hectáreas en el Cerrado entre 2008 y 2016, y su subsidiaria Insolo Agroindustrial deforestó al menos 53.000 en la última década tras recibir casi 139 millones de dólares de la universidad, indica una nota de prensa de los autores del informe.
De acuerdo con un reportaje del periódico estudiantil Harvard Crimson, la prestigiosa universidad y TIAA, el fondo de pensiones de la mayoría de académicos en EE.UU., han adquirido ilegalmente 200.000 hectáreas en terreno público en el Cerrado.
Se acusa a ambas entidades de usar empresas pantalla para camuflar sus intereses financieros en la biorregión, y en concreto se señala a TIAA por comprar superficies de “acaparadores” de tierras declaradas ilegales por la Justicia y las agencias gubernamentales de Brasil.
Por su parte, Bunge, que es el mayor procesador de soja del mundo, anunció recientemente un aumento de beneficios gracias a una cosecha récord de esta legumbre en Brasil, que se explica en buena parte por “las crecientes operaciones en tierras despejadas de vegetación nativa en la última década”, indica.
El informe señala la relación entre Bunge y la Alianza Financiera para la Neutralidad de Carbono de Glasgow (GFANZ), iniciativa medioambiental de la cumbre COP26, lo que sugiere se dedica más al “ecoblanqueo” (greenwashing) que a proteger el medio ambiente Entre las nuevas cifras que arroja el informe, los mayores inversores de GFANZ tienen acciones en Bunge por valor de 1.800 millones de dólares, y ocho bancos que son miembros de la iniciativa tienen préstamos activos con Bunge por valor de 7.800 millones de dólares.
Un responsable de bosques y derechos de tierras de Amigos de la Tierra, Gaurav Madan, señaló que el fin de la presidencia de Jair Bolsonaro ha frenado la deforestación del Amazonas “pero la destrucción del Cerrado sigue a un ritmo alarmante”, y pidió rendir cuentas a instituciones de EE.UU. que “dicen seguir principios sostenibles” y están contribuyendo a esa lacra.
Las ONG piden a los gobiernos de Brasil y EEUU parar la expansión de las plantaciones de soja en el Cerrado, tal como se hizo en el Amazonas, y perseguir y multar a las empresas responsables de deforestación, como las citadas en el informe.
Bunge y TIAA respondieron al informe, la primera negando tener un “cuasi monopolio” del negocio de soja en localidades del Cerrado, entre otras cosas, y la segunda negando haber cometido ilegalidades; además, ambas aseguraron estar involucradas en la lucha contra la deforestación.
