A partir del 1° de julio pasado, cuando entró en vigor la ley SB 1718, miles de inmigrantes indocumentados que vivían en Florida se vieron obligados a modificar sus rutinas diarias. Ante las restricciones que conllevó la normativa, algunos extranjeros irregulares se mudaron de estado u optaron por salir menos a la calle. Como ejemplo está el caso de una mujer de Honduras que perdió su trabajo y ahora teme llevar a sus hijos a la escuela.
Por La Nación
La madre de cuatro niños, quien pidió no ser identificada por miedo a ser deportada, huyó de su país natal hace dos años por las fuertes oleadas de violencia, según contó a AP. Sin embargo, con el panorama actual que se vive en “el estado del sol”, expresó que no sabe en qué lugar es peor. “Imaginé que vendríamos a Estados Unidos para tener una vida mejor, para estar más tranquilos, pero no fue así. Siempre existe el temor de que nos pueda pasar algo”, dice.
Cuando llegó a Estados Unidos, trabajó como pintora de casas para mantener a sus pequeños y a su madre, que ya vivía en el país de forma irregular desde hacía seis años. No obstante, por las nuevas políticas que la ley promulgada por el gobernador Ron DeSantis exige a los empleadores, perdió su trabajo. Su jefe era un salvadoreño sin estatus legal que tenía un negocio y que tuvo que cerrar abruptamente para abandonar el estado. Aunque ahora tiene un nuevo empleo, la mujer de 31 años sostuvo que vive constantemente estresada porque no posee los recursos económicos suficientes para mudarse a otro sitio.
Al mismo tiempo, enfrenta dificultades para que sus hijos asistan a la escuela como el resto de niños en Florida. Según compartió para la agencia, antes de que se aprobara el estatuto, su madre la ayudaba a llevar a los menores a la institución educativa, pero ahora intenta hacerlo lo menos posible por miedo a que la detengan y le pidan su licencia de conducir. “Ella trata de no salir mucho, está teniendo mucho cuidado”, aseveró. Hay que recordar que SB 1718 exige que los automovilistas tengan una licencia válida y no proveniente de estados donde se les otorgan a los indocumentados.
Las restricciones a los indocumentados en Florida con la nueva ley
Las principales sanciones las enfrentarán quienes ayuden a los extranjeros a ocultarse o a trasladarse hacia Florida o dentro del estado. A quienes transporten o alojen a un inmigrante irregular se les imputará un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, así como una multa de US$5000 y cinco años de libertad condicional. Si el extranjero es menor de 18 años, la condena podría ser de hasta 15 años de cárcel y la multa ascendería a los 10.000 dólares.
Además, se estableció que cada indocumentado transportado sería tratado como un delito por separado. Eso significa que, si alguien lleva a cinco inmigrantes en un vehículo, se enfrentará a cinco delitos, según explicó el gobierno de Florida. Recibirán la sanción legal sin importar si el traslado que realizan es por turismo, reuniones de negocios, religiosos o familiares.
En cuanto al sector laboral, la ley obliga a todos los empleadores a utilizar E-Verify, un sistema que sirve para verificar si los trabajadores están bajo un estatus legal en Estados Unidos. Ninguna empresa con más de 25 trabajadores puede contratar a alguien que no compruebe que tiene un permiso migratorio para estar en el país. Por otro lado, todos los hospitales del programa Medicaid deben pedirle a los pacientes información acerca de su situación migratoria antes de atenderlos.
