Un juez español investiga a la exdirectora de los servicios secretos españoles tras aceptar la querella del presidente regional catalán, Pere Aragonès, contra ella y la empresa creadora del programa informático israelí Pegasus por el presunto espionaje al que fue sometido junto a otros independentistas catalanes.
En el documento, al que tuvo acceso la AFP, el magistrado de un juzgado de instrucción de Barcelona acepta investigar los hechos denunciados el año pasado por Aragonès, al considerar que “presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracciones penales, entre otras interceptación ilegal de comunicaciones y espionaje informático”.
Para investigar los hechos, el juez ordena varias diligencias que incluyen la citación para declarar como “querellada investigada” de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, destituida de su cargo en mayo de 2022, y del propio Aragonès, en calidad de “querellante perjudicado”, ambos el próximo 13 de diciembre.
Igualmente, el juez solicita al CNI informaciones sobre la adquisición y permisos para usar el programa, mientras que requiere a las empresa NSO Group Technologies, creadora del software, datos sobre la comercialización de Pegasus a organismos gubernamentales del Estado español.
“La admisión de la querella (…) es un paso importante para aclarar toda la verdad”, celebró Aragonès en su cuenta de X, antes Twitter. “Queremos saber quién ordenó espiar al independentismo. La vulneración de los derechos fundamentales y políticos no puede quedar impune”, agregó.
Aragonès había presentado su querella en julio de 2022, casi tres meses después de que saltara la polémica sobre el espionaje a independentistas catalanes, que volvió a tensar las relaciones entre los separatistas y el gobierno español, a quien acusaban de ser responsable.
Según su querella, su teléfono había sido infectado en enero de 2020, cuando era vicepresidente y consejero de Economía de esta región del noreste de España.
Aragonès es uno de los 18 independentistas que el CNI reconoció haber vigilado con autorización judicial, según trascendió tras la declaración de Esteban –destituida después por la polémica– ante una comisión parlamentaria el año pasado.
El escándalo había explotado semanas antes, cuando en un informe publicado por la organización canadiense Citizen Lab se aseguraba que los teléfonos de más de 60 personas de la órbita independentista catalana habían sido infectados principalmente entre 2017 y 2020 con Pegasus. Varios de ellos también presentaron querellas ante la justicia.
Poco después de desatarse el escándalo, se supo que los teléfonos del propio Sánchez, de su ministra de Defensa, Margarita Robles, y de su titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habían sido infectados con Pegasus, en un “ataque externo”.
La investigación sobre estos hechos, iniciada en la Audiencia Nacional en Madrid, fue sin embargo archivada provisionalmente en julio, debido a la “absoluta” falta de cooperación de Israel.
