Los socialistas aseguran que el acuerdo es para toda la legislatura. Se ha pactado una mesa con un mediador internacional donde Junts reclamará un referéndum que el PSOE rechaza.
Por El País
El PSOE y Junts han cerrado el acuerdo que da vía libre a la investidura de Pedro Sánchez, que se celebrará previsiblemente los días 15 y 16 de este mes, el miércoles y jueves de la semana que viene, según han confirmado fuentes parlamentarias. Está previsto que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, haga el anuncio oficial de la fecha el lunes. Ambos grupos han cerrado “el acuerdo político y la ley de amnistía”, ha afirmado en Bruselas Santos Cerdán, número tres del PSOE. Los socialistas han entregado una amnistía que los independentistas llevaban reclamando seis años y a cambio Junts da sus votos para que Sánchez sea presidente; entra en la gobernabilidad después de años fuera del sistema; asume sacar de la negociación para la investidura el referéndum de autodeterminación; y también acepta una frase en el acuerdo político que para los socialistas supone una renuncia implícita a la unilateralidad: “PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”.
El texto, sin embargo, también contiene un relato del procés muy cercano a las tesis independentistas, ya que se responsabiliza sobre todo al Gobierno del PP por no negociar, y Junts insiste en que no renuncia a la legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017. En ese acuerdo se ha pactado una mesa de diálogo entre partidos que tendrá un mediador internacional, y en la que Junts reclamará un referéndum, pero dentro de la Constitución, amparado por el artículo 92, según el texto, aunque el PSOE lo rechaza y apuesta por desarrollar o reformar el Estatuto de Cataluña de 2006.
Cerdán ha insistido durante su comparecencia en la capital Belga en que no se trata de un acuerdo de investidura, sino de legislatura, con un pacto que incluye estabilidad durante cuatro años, lo que implica un gran giro estratégico de Junts, hasta ahora fuera de cualquier pacto. Cerdán asegura además que en la ley de amnistía se ha pactado incluir a “todas las personas relacionadas directa o indirectamente con el procés” entre 2012 y 2023, y por tanto, ningún procesado por causas que no tengan relación con la crisis independentista vivida en los últimos años en Cataluña y las protestas relacionadas con ella. Ahora solo faltaría por firmar el acuerdo con el PNV, pero los socialistas aseguran que está muy avanzado y solo falta cerrarlo.
Pese a que las dos partes han hecho hincapié —tanto en el texto del acuerdo como en sus comparecencias, por separado, en Bruselas— en las “discrepancias” profundas que separan a las formaciones políticas, tanto Cerdán como posteriormente el expresidente catalán Carles Puigdemont han coincidido en una idea clave: el acuerdo devuelve el conflicto al campo de la política. “El PSOE y Junts han suscrito un acuerdo donde se aceptan las condiciones para iniciar una negociación en los temas que hemos estado reclamando desde hace años para resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España”, ha afirmado el expresident. “Es una forma de devolver a la política lo que es de la política”, ha agregado. Por su parte, Cerdán también había celebrado el acuerdo como una “oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse”.
El pacto no implica solo la amnistía, también está el llamado acuerdo político, que incluye una mesa de diálogo entre partidos con un mediador internacional, una exigencia de Puigdemont. El texto del acuerdo hace un relato de los hechos que se acerca mucho a la visión independentista, sin ninguna crítica al procés e incluso con la idea de que el Gobierno catalán, en manos de los independentistas, lo intentó todo “desde la lealtad” pero el PP no quiso negociar. No hay apenas menciones en este relato a la fractura social —solo se habla de “las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto”— o a los catalanes no independentistas que se sintieron agraviados por el procés o las llamadas leyes de desconexión. El texto pasa muy rápido por el momento de mayor crisis, el 1 de octubre de 2017, y simplemente dice que el referéndum fue declarado inconstitucional y se aplicó el artículo 155 de la Constitución.
En el documento, por el contrario, el PSOE ha logrado que no haya ningún reproche a los jueces, una línea roja para los socialistas, aunque sí se hace mención a algunas resoluciones internacionales que interesaban especialmente a los independentistas, como la del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y sí se critica claramente la actuación policial en el referéndum de 2017. “El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”, señala el texto, aun así suave en este aspecto comparado con el habitual discurso independentista.
Pero lo más relevante, después de la explicación política de lo que ha sucedido en los últimos años, son los acuerdos. En realidad, se pacta una discrepancia, como deja claro el texto. “Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”, dice el documento. “El mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes”, señala. Puigdemont lleva años insistiendo en el mediador internacional, que el PSOE siempre rechazaba y finalmente ha aceptado, pero siempre que sea para una mesa entre partidos, no entre gobiernos. Todo indica que se trata de una mesa diferente a la de ERC, por lo que habrá varias mesas, una de gobiernos, y otras dos de partidos, una con ERC y otra con Junts.
En esa mesa, según el texto, se discutirán dos grandes asuntos, que parecen dar origen a dos mesas diferentes: “La superación de los déficits y limitaciones del autogobierno”, esto es, algo más económico, y “las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya”. Se ha acordado una reunión de esta mesa ya en noviembre, en cuanto haya investidura. Y aquí viene el claro pacto de la discrepancia. Cada uno irá a su mesa con sus posiciones. No hay ninguna renuncia expresa a la unilateralidad, pese a que la reclamaba el PSOE, pero los socialistas creen que indirectamente sí es así porque Junts asume que solo buscará un referéndum dentro de la Constitución, y por tanto distinto al de 2017.
Junts ha exigido y logrado poner en el texto su reivindicación del 1 de octubre. “Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”, señala el acuerdo.
obre el referéndum también es clara la discrepancia. “En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”, dice el texto. Esto es, Junts propone un referéndum consultivo dentro del artículo 92 de la Constitución, pero el PSOE no lo acepta.
En el ámbito económico también hay discrepancia pactada: “Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”, remata el texto.
Todo estaba preparado para sellar el pacto con Junts el jueves de la semana pasada, pero las negociaciones se han retrasado siete días, sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacción no rotunda de la ley pudiera dejar fuera de la amnistía a algunas personas del entorno de Carles Puigdemont. Temían cualquier detalle que abriera la puerta a que algunos jueces que claramente están en contra pudieran encontrar algún recoveco legal para no aplicarla en sus casos.
Tensiones en las negociaciones
Sobre el alcance que tiene la ley de amnistía pactada con Junts, el PSOE también logró un acuerdo sobre este tema con ERC la semana pasada, Cerdán ha puntualizado que la amnistía cubre los hechos relacionados con el procés “entre el año 2012 y 2023″. Quién sale beneficiado del carpetazo judicial es uno de los puntos que más ha tensado las negociaciones, ya que Junts pedía integrar los supuestos de lawfare, el uso torticero de la justicia con fines partidistas, para tratar de encajar casos como el de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont que tiene una causa abierta por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. También Laura Borràs, presidenta de Junts, alega que su condena a cuatro años y medio de cárcel por trocear contratos públicos es un ejemplo de lawfare. “No se ha hablado de nombres en particular”, ha zanjado Cerdán, y ha añadido que “serán los jueces quienes analizarán cada caso y decidirán quién está incluido y quién no”.
Sin embargo, en el texto del acuerdo político sí se habla de lawfare, pero no para incluirla ahora en la ley: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, dice. Esta redacción ha indignado al mundo judicial, que entiende de aquí que el Congreso decidirá qué es o no lawfare, y por tanto el poder legislativo decidirá cuándo un juez está prevaricando, porque eso es la law fare, una prevaricación. Esto ha provocado un inédito comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces por la Democracia, para denunciar lo que ven como una intromisión del poder legislativo en el judicial y una ruptura de la separación de poderes propia de todas las democracias.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparado el acuerdo con el 23-F, ETA y el desafío soberanista: “El golpe del Estado del 23-F, el del terrorismo, el del independentismo catalán de 2017, fueron desafíos a la libertad y a la convivencia. En este caso, el desafío a los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno”. El tono más duro lo ha mostrado horas antes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “El camino es entrar en una dictadura”, ha dicho la líder popular en una entrevista en Antena 3, algo que ha indignado a los socialistas y ha hecho reaccionar a Óscar López, jefe de Gabinete de Sánchez: “Todo tiene un límite. No podemos consentir que el trumpismo envenene España”, ha señalado.
En los últimos días, había inquietud por el retraso del acuerdo, pero en ninguno de los dos partidos existía la sensación de que el pacto estuviera en riesgo. Una vez cerrado, diversas fuentes apuestan por una investidura a mediados de la semana que vienes, miércoles y jueves, aunque aún no hay confirmación oficial. Antes tendría que registrarse la ley, probablemente el lunes, después de pulirla durante el fin de semana y también pactarla con los demás grupos que la tienen que firmar. La idea del PSOE es que la norma lleve la rúbrica de todos los partidos que apoyarán la investidura: PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG.
Durante los últimos días, el ruido de los disturbios en Madrid de los grupos ultra en contra de la amnistía no es lo único que ha resonado entre los negociadores del PSOE y Junts en Bruselas. Más clara aún se ha escuchado la contestación de parte de la judicatura, desde la declaración institucional contra la medida de gracia promovida por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las acciones de último momento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, imputando a Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic. El magistrado, en contra de la opinión de la Fiscalía, ve en ese caso posibles delitos de terrorismo, por lo que su mensaje acabó convenciendo a las dos partes negociadoras de que la ley pactada tendrá que estar blindada. “Que no quepa otra interpretación posible”, mantienen las partes. Las negociaciones no fueron, en las últimas horas, políticas, sino que estaban en manos de los expertos jurídicos de ambos lados. Son ellos quienes analizan los papeles “intercambiados” en un “flujo constante” que no se ha interrumpido en ningún momento, confirman todas las partes.
Fuentes de la negociación aseguran que el auto del lunes de García-Castellón hizo que Junts haya querido revisar uno a uno todos los artículos de una ley que ya estaba prácticamente cerrada. Necesitaban estar 100% seguros de que jueces como el magistrado que citó a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como imputados, y que sería uno de los que tendría que aplicar la amnistía, no pudieran encontrar resquicios legales para dejar en nada una ley que tanto está costando negociar. El temor de Junts es que suceda como pasó con la reforma que implicó eliminar el delito de sedición y cambiar el de malversación, y que quedó prácticamente en nada cuando el Tribunal Supremo decidió que esos cambios no eran aplicables a las causas contra los líderes del procés.
