Tegucigalpa. – Representantes del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), pidieron este lunes la inmediata destitución y juzgamiento contra las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), luego del asesinato de cinco privados de libertad la noche del sábado en el interior de la cárcel de máxima seguridad que funciona en el municipio de Morocelí, El Paraíso, oriente de Honduras, conocida como La Tolva.
En ese sentido, la comisionada de Conaprev, Glenda Carolina Ayala, en una conferencia de prensa, pidió la cabeza de la directora y subdirectora del INP al tiempo que exigió llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables materiales e intelectuales del quíntuple crimen.
“La recomendación es: la destitución, un requerimiento para estas autoridades penitenciarias. El Mecanismo recomienda que se debe investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad y no solo deducir responsabilidades a los que ejecutaron el hecho materialmente, si no que si hubo colaboración de las autoridades también se deben deducir las responsabilidades”, apuntó Ayala.
Actualmente, el INP es dirigido por Rosa Gudiel como directora y Germán McNiel subdirector.
Cuestionó que muchos crímenes que se cometen al interior de los centros penales quedan en total impunidad.
Increpó que “el Estado está obligado a investigar con igual celo, no solo los que ejecutaron el hecho, sino a los que planificaron y cometieron acciones u omisiones que llevaron a estos resultados”.
Ayala denunció que recientemente un juez, luego de hacer una visita al centro de Morocelí, recomendó que se tomaran medidas de seguridad para uno de los cinco reos asesinados el pasado fin de semana en La Tolva.
Reprochó que muchas de las denuncias que se hacen no son tomadas en cuenta por las autoridades del sistema penitenciario hondureño.
La funcionaria sugirió al Estado hondureño que nombre una comisión para transparentar los procesos que se siguen en los recintos carcelarios.
“Queremos que la política penitenciaria sea incluyente y no excluyente. Que la sociedad civil sea veedora de los procesos que se están siguiendo y que de alguna manera se garantice la objetividad en la investigación. No se puede ser juez y parte en una investigación que se está realizando”, puntualizó.
Exigió que igualmente se esclarezca el asesinato del director de la cárcel El Pozo, quien fuera acribillado en Choluteca cuando enfrentaba un proceso de suspensión de su cargo luego del asesinato del capo Magdaleno Meza Fúnez.
La población penitenciaria en Honduras la componen 22 mil reclusos, quienes están albergados en 25 cárceles, tres de ellas bajo el concepto de máxima seguridad, donde últimamente se han registrado constantes asesinatos y otros sucesos violentos.
