Tegucigalpa – La persistente tragedia que envuelve a las mujeres hondureñas se erige como una epidemia de dimensiones alarmantes, una realidad que no solo clama por atención, sino que destapa una herida social profunda. En el tejido mismo de la sociedad, la cifra escalofriante de una vida femenina arrebatada cada 21 horas se revela como una estadística desgarradora, un eco de violencia sistémica que reverbera en el silencio de las autoridades.
La gerente de defensorías del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, María José Gálvez, alza la voz para poner de manifiesto esta pandemia que, a pesar de su crudeza, parece ser desatendida por un Estado que incumple su deber de salvaguardar la vida y seguridad de las víctimas. No solo se trata de números fríos, sino de historias truncadas, de mujeres que merecían protección y justicia.
La analogía con una pandemia convencional se hace más intensa cuando Gálvez señala que, mientras la atención se centra en el COVID-19, el país ya se hallaba inmerso en otra pandemia silenciosa: la violencia contra las mujeres. Las manifestaciones de esta pandemia se manifiestan en la crudeza de los femicidios, una realidad tan ineludible como la que vive el mundo con la enfermedad viral.
El déficit alarmante de casas refugio para víctimas refleja la carencia estructural que perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres. Con solo ocho refugios en un país que debería tener 298, la falta de respuesta estatal se torna evidente. Organizaciones de la sociedad civil asumen un papel crucial, pero el deber del Estado en la protección de las víctimas no puede ser eludido.
La cifra estremecedora de 8,100 mujeres violentamente despojadas de sus vidas desde el 2002 hasta noviembre de 2023 deja al descubierto un nivel de impunidad que ronda el 95%, una deuda pendiente del Estado con los familiares que ansían la verdad. La violencia, además, adquiere un matiz particularmente brutal en el presente año, donde la intensificación de las muertes revela un ensañamiento contra los cuerpos femeninos, a menudo perpetrado con armas de fuego.
Ante esta realidad, la voz de María José Gálvez resuena como un llamado a la acción, una urgencia de poner fin a la impunidad y garantizar la protección efectiva de las mujeres, para que la epidemia de la violencia cese y la sociedad hondureña pueda sanar sus heridas.
