Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras expresó su enérgica condena ante lo que considera un atentado arbitrario contra la institucionalidad democrática en el país, proveniente del Congreso Nacional.
Este grupo, conformado por alcaldes y alcaldesas elegidos democráticamente, quienes ostentan la máxima autoridad ejecutiva a nivel municipal, emitió un comunicado en el que detallan su postura ante las acciones que consideran violatorias de los procedimientos constitucionales.
En primer lugar, los líderes locales rechazaron la forma en que, desde el Congreso Nacional, se ha llevado a cabo el nombramiento de autoridades, desconociendo los procesos establecidos en la Constitución de la República.
Expresaron su preocupación por la designación arbitraria de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas desde una Comisión Permanente ilegal compuesta por nueve diputados. Este actuar, según la asociación, podría convertir al organismo en un instrumento al servicio de los intereses del Gobierno central, generando inquietudes sobre su imparcialidad y objetividad.
En un llamado a la acción, instaron a la bancada del Partido Nacional y a las autoridades del Comité Central a entablar diálogos con grupos de oposición y, si fuera necesario, con representantes del partido de Gobierno.
El objetivo sería alcanzar consensos que permitan participar en la selección de sustitutos en el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia.
Todo esto, insisten, debe llevarse a cabo en estricto apego a la ley, siguiendo los procesos establecidos y con el respaldo de las dos terceras partes de los diputados, para evitar nombramientos arbitrarios que otorguen un poder desmedido al partido en el Gobierno y amenacen la estabilidad de las instituciones democráticas.
Además, la Asociación de Alcaldes Nacionalistas llamó a todas las fuerzas políticas a iniciar un proceso de diálogo con el fin de buscar consensos para garantizar la legalidad en la elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto.
Este proceso debería contar con el respaldo de al menos 86 votos, conforme a lo establecido en la Constitución, como medida para preservar la integridad y la legalidad en el sistema democrático del país.
