Tegucigalpa – El 8 de diciembre marca el centésimo día en que los diputados del Congreso Nacional de Honduras no han llevado a cabo sesiones, prolongando una crisis legislativa que ha generado críticas y descontento en la sociedad civil.
Durante este período, los legisladores han continuado percibiendo sus salarios y viáticos, a pesar de la ausencia de actividad legislativa.
La última sesión ordinaria concluyó el 31 de octubre, y según las disposiciones, las próximas sesiones solo podrán llevarse a cabo hasta el 25 de enero en el inicio de la tercera legislatura. La prolongada inactividad del Poder Legislativo ha generado preocupación y cuestionamientos, ya que no se vislumbran soluciones que beneficien los proyectos de interés nacional.
Rafael Jerez, asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su indignación ante la situación, calificándola como «una auténtica vergüenza y una afrenta para la ciudadanía». Criticó la falta de productividad en un poder del Estado crucial y señaló la incapacidad de ciertos actores para manejar políticamente su funcionamiento.
La oposición ha destacado diversas anomalías en el Congreso Nacional, incluyendo la ilegalidad de la Junta Directiva y la conformación de una Comisión Permanente que eligió a fiscales interinos del Ministerio Público (MP).
Además, se ha anunciado la posible elección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Estas situaciones han generado preocupación y tensiones entre los partidos Liberal y Partido Nacional.
A pesar de los esfuerzos de algunos partidos de oposición por acercarse y participar en la elección de importantes cargos, analistas advierten sobre la posibilidad de una mayor agudización de la crisis debido a la división interna y la falta de consensos.
Mientras tanto, proyectos importantes para el país permanecen estancados, exacerbando la preocupación por la parálisis legislativa en un momento crucial para la toma de decisiones.
