Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó la exitosa captura en la colonia Altos de Miraflores Sur de la capital hondureña de Francisco Roberto Cosenza Centeno, individuo solicitado por Estados Unidos bajo cargos relacionados con la presunta comisión de tres delitos vinculados al lavado de activos.
Sánchez destacó que la detención fue el resultado de arduas jornadas de seguimiento, subrayando el compromiso de garantizar el debido proceso para la persona detenida. La captura se llevó a cabo con la máxima precaución, considerando la condición de salud del extraditable, quien padece hipertensión y diabetes. Se ha programado su presentación ante la audiencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el martes a las 8:00 de la mañana.
Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años, ocupó el cargo de director ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA).
Junto a él, dos individuos más, Carl Alan Zaglin y Aldo Nestor Marchena, fueron acusados por la Fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos destinada a asegurar contratos con el Gobierno hondureño, estimados en aproximadamente 10 millones de dólares. Zaglin, de 68 años y dueño de una firma textil con sede en Georgia, y Marchena, de 50 años y residente en Boca Ratón, Florida, son los otros dos acusados.
En sus declaraciones en redes sociales, el ministro Sánchez detalló: «En estos momentos @PoliciaHonduras detiene a Francisco Roberto Cosenza Centeno por orden de extradición pendiente por suponerlo responsable de: 1) Conspiración para cometer lavado de activos; 2) Lavado de activos; 3) transacciones derivadas de actos criminales. @XiomaraCastroZ».
Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, los acusados pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno hondureño, incluyendo a Cosenza, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, para asegurar contratos relacionados con uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras.
El funcionario Cosenza, en su rol como director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso de la TASA, y otros funcionarios gubernamentales presuntamente facilitaron la obtención de contratos para la venta de uniformes y bienes policiales, así como «aseguraron el pago de los contratos». La Fiscalía alega que para encubrir los pagos de sobornos, los acusados lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas en Estados Unidos y Belice.
La acusación detalla que «los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan». Los tres acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras que Cosenza y Marchena enfrentan cargos adicionales de lavado de dinero y participación en transacciones con propiedad derivada de delitos. En caso de ser declarados culpables, Cosenza y Marchena podrían enfrentar una pena máxima de hasta 30 años de prisión.
