Las medidas impuestas en la frontera con México por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han alentado a grupos de vigilantes privados a patrullar la zona “atemorizando” a las comunidades, denunciaron este jueves activistas que se declararon en “estado de alerta y resistencia”.
Representantes de más de 10 organizaciones defensoras de los derechos civiles participaron hoy en una conferencia de prensa para explicar la tensión que vive la zona fronteriza a cinco semanas de que entre en vigor una ley que otorga a las autoridades estatales la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso.
“El gobernador ha puesto a la comunidad (migrante y latina) como un objetivo. Tenemos milicias y vigilantes en la zona”, alertó Jessie Fuentes, director de Eagle Pass Border Coalition. “La comunidad está atemorizada”, agregó.
Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), señaló que la situación en la frontera “es crítica” y responsabilizó a Abbott por cualquier ataque violento en contra de refugiados, migrantes o miembros de la comunidad.
Tanto García como Fuentes recordaron el tiroteo de 2019 en un supermercado de El Paso (Texas) que dejó 23 muertos y 22 heridos, en su mayoría latinos.
Patrick Crusius, que se declaró culpable el año pasado de los asesinatos, confesó a la Policía cuando fue detenido que su objetivo era “matar mexicanos”.
Los activistas también temen que la situación se agrave cuando se implemente en marzo próximo la ley SB4, que convierte en delito menor que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado” de forma irregular desde otro país. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
Desde que se firmó la ley en diciembre pasado, más de 50 organizaciones civiles de Texas se declararon en “estado de alerta y resistencia” y han convocado más de 12 eventos, entre foros comunitarios y manifestaciones en Texas, para informar sobre los peligros de la implementación de la ley.
“Esto nos afecta a todos los que vivimos en la frontera en Texas. La comunidad tiene miedo”, puntualizó Lupita Sánchez, miembro de Border Workers United (BWU) , que abogó por las familias mixtas, como se conoce a las compuestas por ciudadanos estadounidenses y personas indocumentadas.
Recordó que en Texas residen cerca de 12 millones de hispanos, que constituyen el mayor grupo demográfico del estado con un 40,2 % de los alrededor de 30 millones de habitantes, y pueden ser afectados por la ley.
Por su parte, Sara Cruz, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas, dijo que la implementación de la SB4 exacerbará las violaciones a los derechos civiles como el perfil racial por parte de las autoridades.
ACLU ha demandado al estado de Texas para detener la implementación de la ley argumentando que es inconstitucional porque viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
Los activistas también criticaron a la Casa Blanca por no tenr una postura más dura hacia el gobernador Abbott, con el que sostiene varias batallas jurídicas por las medidas implantadas en la frontera.
