Un informe secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que infiltró a operativos en Venezuela para grabar a escondidas y armar causas por narcotráfico contra el gobierno del país, un plan que Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional.
Por AP
“Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando de 15 páginas de 2018 acerca de la “Operación Tejón del Dinero”, una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro.
Aunque no hay un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar más aún las ya tensas relaciones con el gobierno de Maduro y agravar el resentimiento hacia Estados Unidos en toda Latinoamérica por la percepción de intromisión. Además, ofrece una inusual perspectiva de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la DEA para luchar contra las drogas en un país que prohibió la presencia de sus agentes hace casi dos décadas.
Algunos de los aliados más próximos a Maduro se vieron implicados en la investigación, como Alex Saab, el empresario liberado recientemente en un intercambio de presos por 10 estadounidenses y un contratista de defensa prófugo. Pero hasta ahora, no estaba claro que las investigaciones estadounidenses contra Venezuela incluyesen tácticas legalmente cuestionables.
“No nos gusta decirlo públicamente pero somos, de facto, la policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un exagente de la DEA que fungió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes del inicio del operativo descrito en el reporte.
Tabor, que no confirmó la existencia de ninguna acción de este tipo, apuntó que las medidas unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los límites y la responsabilidad adecuadas, especialmente en un país como Venezuela, donde las difusas líneas entre el Estado y el hampa lo convierten en un lugar de tránsito ideal para el 15% de la cocaína que se trafica en el mundo.
“No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego”, añadió. “Y en el caso de Venezuela, que nos está inundando de droga, el riesgo merece la pena”.
Tanto la DEA como el Departamento de Justicia rechazaron responder a las preguntas de la AP sobre el informe, la frecuencia con la que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y quiénes forman el comité que aprueba esos operativos.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a un pedido de comentarios. Pero recientemente Maduro acusó a la DEA y a la CIA de llevar a cabo esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA se negó a realizar declaraciones.
“Yo no creo que el presidente (Joe) Biden esté involucrado”, dijo Maduro en una aparición en televisión. “Pero la CIA y la DEA son organismos independientes, imperialistas, criminales”.
El documento, jamás visto hasta ahora, fue escrito durante el apogeo de la campaña de “máxima presión” para desalojar al presidente venezolano, bajo el entonces presidente republicano Donald Trump.
Maduro acababa de iniciar un giro autoritario luego de ganar su reelección en 2018, en un proceso que el gobierno de Trump calificó de amañado. En las semanas siguientes, funcionarios de la DEA planearon enviar al menos tres informantes clandestinos para grabar a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado.
Pero dado que parecía un atropello de la ley venezolana y el derecho internacional, el plan requería la aprobación del llamado Comité de Revisión de Actividades Confidenciales (SARC por sus siglas en inglés), un panel furtivo de altos cargos de los departamentos de Estado y Justicia que estudia los casos de la DEA más delicados, los que implican cuestiones éticas, legales o de política exterior excepcionalmente complejos.
Significó una expansión agresiva de “Tejón del Dinero”, la operación creada por la DEA y fiscales de Miami en 2013, y que investigaría a un centenar de venezolanos implicados, de acuerdo con dos fuentes enteradas de la operación y que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de asuntos policiales.
Al autorizar transferencias de fondos de otro modo ilícitas a través de empresas fachadas y cuentas bancarias asentadas en Estados Unidos, la DEA esperaba desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y funcionarios corruptos que utilizaban el mercado de cambios estrechamente controlado venezolano para lavar sus mal habidas ganancias. Pero con el tiempo lo amplió para abarcar a la familia y los principales aliados de Maduro, aunque este posteriormente sería acusado de narcotráfico por la fiscalía federal de Manhattan.
Ninguna de las actas de acusación de venezolanos de antes o después del memo de 2018 menciona el espionaje estadounidense. Y “para limitar o mitigar la revelación de las actividades unilaterales”, el documento aconsejaba a los agentes de la DEA a que protegieran a sus informantes y limitaran sus encuentros en persona con los blancos.
No está claro si la operación “Tejón del Dinero” aún está activa.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden, que asumió en 2021, ha mitigado sanciones y presentado pocas acusaciones nuevas contra los miembros del régimen de Maduro, en la medida que el Departamento de Justicia ha vuelto su atención hacia Rusia, China y el Oriente Medio. El gobierno también ha tratado de atraer a Maduro de regreso a las negociaciones con la oposición, amenazando con volver a imponer sanciones petroleras paralizantes si el país miembro de la OPEP no cumple un acuerdo de realizar elecciones libres e imparciales este año.
La operación contra el círculo íntimo de Maduro no es la primera que realiza Estados Unidos en el exterior sin avisar al país blanco.
En 1998, México fustigó a Washington por ocultarle un operativo de infiltración contra el lavado de dinero, conocido como “Operación Casablanca” y realizado en parte en territorio mexicano, que implicó a 160 personas, entre ellas varios directivos bancarios.
Expertos en derecho sostienen que ningún tribunal internacional tiene jurisdicción para obligar a Estados Unidos o sus agentes a rendir cuentas por acciones policiales en otros países, y la Corte Suprema ha defendido los arrestos y las pruebas reunidas en esas misiones.
Evan Criddle, profesor de la facultad de derecho William & Mary en Virginia, dijo que el derecho internacional prohíbe las operaciones clandestinas como las descritas en el memorando que se realizan sin consentimiento en el territorio de un tercer país. Prevé que la difusión del memo “causará algún bochorno a Estados Unidos, impulsará a diplomáticos venezolanos a registrar objeciones y posiblemente inhibirá la futura cooperación”.
Varios agentes de la DEA en actividad y retirados que examinaron el memo dijeron a la AP que no les sorprendía tanto el descaro del plan como que la agencia lo reconociera en documentos internos.
“Es muy raro que se haga simplemente porque existe la posibilidad de que le explote en la cara al gobierno de Estados Unidos”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA. “Pero Venezuela ya se había convertido en un Estado canalla. Creo que sacaron la conclusión de que no tenían nada que perder”.
La Operación Tejón del Dinero jamás debía llegar a conocimiento del público.
Fue introducida accidentalmente junto con decenas de documentos del gobierno en un sitio web para compartir archivo por la fiscalía federal de Manhattan el año pasado durante el juicio por asociación ilícita para cobrar sobornos contra dos exsupervisores de la DEA que ayudaron a encabezar la ofensiva contra el gobierno de Maduro. La retiraron horas después de que un reportero de la AP empezó a hacer preguntas.
Días después, a pesar de las objeciones de la AP, el juez federal del juicio por sobornos tomó la decisión altamente inusual de cerrar las puertas mientras se discutía el documento, al sostener que hacerlo a puertas abiertas conllevaría “repercusiones diplomáticas graves”. Ni el juez ni los fiscales aclararon cuáles serían esas consecuencias.
Los exsupervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. fueron condenados por filtrar información policial confidencial a los abogados defensores en Miami como parte de una asociación ilícita para cobrar sobornos. Uno de los casos en discusión era el de Saab, un empresario nacido en Colombia y blanco de “Tejón del Dinero” por la presunta desviación de 350 millones de dólares de contratos estatales.
Recio, quien posteriormente trabajó como investigador privado que conseguía nuevos clientes para los abogados, envió los planes venezolanos a su cuenta personal de email días antes de jubilarse en 2018. Aprobó los planes como agente especial adjunto a cargo, en tanto Costanzo, especialista en cuestiones venezolanas, supervisó la operación de infiltración encubierta. Los dos previsiblemente purgarán condenas en prisiones federales, sumándose a la lista creciente de agentes de la DEA tras los barrotes.
“Esta clase de información jamás debe salir de los servers del gobierno”, dijo Michael Nadler, un exfiscal federal en Miami que ayudó a coordinar la operación en el extranjero, en testimonio a puertas cerradas, de acuerdo con una transcripción parcial. “Contiene información que permite identificar a personas que han aceptado colaborar con Estados Unidos en situaciones bastante peligrosas”.
La AP no publicará el memorando en sí ni identificará a los informantes para evitar ponerlos en peligro.
El memo se remonta a una época anterior de hostilidad creciente entre Estados Unidos y Venezuela, cuando investigadores federales ambiciosos en Nueva York, Miami, Houston y Washington competían para ver quién penetraba más profundamente en el hampa venezolana.
Como parte de esa competencia no declarada, el Grupo 10 de la División de Campo de la DEA en Miami reclutó a un informante de ensueño: un lavador de dinero profesional acusado de robar 800 millones de dólares del sistema venezolano de moneda extranjera mediante un plan de importaciones fraudulentas.
Mediante su actividad ilícita en Venezuela, el informante estaba en posición de ayudar a la DEA a reunir pruebas contra el blanco principal de la operación unilateral: José Vielma, un secuaz de primera hora del difunto Hugo Chávez que en dos décadas de servicios a la revolución bolivariana ejerció altos cargos, entre ellos los de ministro de comercio y jefe del servicio impositivo.
El presunto socio criminal de Vielma, según el documento de la DEA, era un exmilitar, Luis Motta, entonces ministro de energía. El memo de la DEA autorizaba a tres informantes a grabar furtivamente las reuniones con los blancos.
“Existe un riesgo especial de que (las fuentes confidenciales) estarían en peligro si su cooperación con la DEA llegara a conocimiento de autoridades del país anfitrión”, dice el memo. “Las penas posibles incluyen encarcelamiento”.
Resta saberse si los riesgos valieron la pena.
Vielma y Motta fueron acusados de lavado de dinero vinculado con soborno, no de narcotráfico. Los dos están en Venezuela y son leales a Maduro: Vielma es legislador y la esposa de Motta es la gobernadora de un estado grande. Al igual que decenas de miembros del círculo íntimo de Maduro buscados por Estados Unidos, es probable que ninguno de los dos comparezca ante la justicia —a pesar de la recompensa de 5 millones de dólares por el arresto de Motta— mientras no salgan de Venezuela.
Zach Margulis-Ohnuma, un abogado del general retirado Hugo Carvajal, un exjefe del espionaje venezolano preso en Estados Unidos a la espera de juicio por narcoterrorismo, dijo que “la fama de la DEA por su desprecio de las leyes es bien merecida”.
“Un programa que institucionaliza la ilegalidad al autorizar a agentes e informantes de la DEA a violar leyes extranjeras”, dijo, “es poco eficaz para impedir la entrada de drogas a Estados Unidos y a la vez socava la integridad de la DEA y el prestigio de Estados Unidos en el exterior”.
