La cantante colombiana niega ante el juez, por videoconferencia, que defraudara seis millones en 2018 y pide el archivo.
Por El País
La artista, que el pasado noviembre aceptó una pena de tres años de cárcel por un fraude de 14,5 millones, considera que esta segunda causa fue “un paso más en la presión” de la Agencia Tributaria para que aceptara su responsabilidad en el primer proceso. Tras la declaración, su defensa, que ejerce el penalista Pau Molins, ha solicitado el archivo de las actuaciones.
En verano de 2023, Shakira, la Fiscalía y la Agencia Tributaria habían retomado las negociaciones para cerrar un acuerdo por el fraude de 14,5 millones cometido entre 2012 y 2014. En esa época, según la tesis de la acusación, la cantante residió en España y debió pagar aquí sus impuestos. El acuerdo no se selló entonces, sino en el último minuto, pocas horas antes de que la cantante de Barranquilla se sentara en el banquillo de los acusados. Al final, para evitar la exposición mediática de un juicio que iba a desnudar tres años de su vida en Barcelona, la acusada aceptó una rebaja de la pena (un año de cárcel para uno de los tres delitos fiscales) y el pago de una multa de 7,3 millones que se suma a la cuota defraudada.
Por las mismas fechas en que se llevaban a cabo esas negociaciones, la Fiscalía abrió un segundo frente penal contra Shakira a raíz de otra inspección de Hacienda y presentó una querella por el supuesto fraude de seis millones de euros en 2018. A través de un “entramado de empresas”, según la querella, la cantante pudo “simular” la cesión de sus derechos a empresas instrumentales. “Movida por el deseo de tributar lo menos posible”, Shakira Isabel Mebarak Ripoll se dedujo gastos “que no procedían”, añade el texto. La cantante, siempre según la querella, dejó de pagar 5,3 millones por IRPF y otros 700.000 euros en impuesto sobre el patrimonio.
En julio de 2023, un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abrió diligencias de investigación y citó a Shakira a declarar como investigada, una diligencia que se ha practicado este jueves por videoconferencia para evitar su desplazamiento desde Miami (donde reside con sus hijos) hasta España. La declaración ha sido grabada en vídeo y también transcrita por orden judicial.
En su declaración, Shakira ha explicado que esta segunda causa fue un paso más en la estrategia de “presión” a la que le ha sometido la Agencia Tributaria y ha recordado que, ya antes de que se le notificara la querella, depositó los seis millones que se le reclaman. La artista ha defendido la legalidad de la estructura societaria (creada en 2008), ha negado cualquier voluntad de defraudar al fisco y ha circunscrito la cuestión a una mera “discrepancia técnica”. La investigada ha agregado que ese año, en que ya residía en España junto a su expareja Gerard Piqué, tributó por IRPF y no por sociedades, a pesar de que sus ingresos estaban vehiculados a través de empresas. Y ha añadido que lo hizo siempre siguiendo el consejo de sus asesores.
