El Gobierno de Luis Arce libera después de casi 20 años algunos controles a las exportaciones y a mercados como el del combustible para hacer frente a la escasez de divisas.
Por El País
Contra las cuerdas por la falta de dólares y la devaluación de facto de la moneda nacional, el presidente boliviano Luis Arce ha flexibilizado algunos aspectos del modelo estatista que él mismo montó cuando era el ministro de Economía de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y que guía la vida económica del país. En una reunión con las principales asociaciones de empresarios, el Gobierno boliviano ha tomado 10 medidas para paliar los problemas financieros que enfrentan los productores privados del país. Estas medidas rompen algunas condiciones que hasta ahora se consideraban inamovibles, como el control de las exportaciones de alimentos para impedir el desabastecimiento del mercado interno, la existencia de un solo precio nacional para los combustibles, sin importar cuál sea el comprador, y el monopolio estatal de la producción de energía.
La necesidad ha convertido el cambio en virtud. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció oficialmente que las exportaciones bolivianas de soja, azúcar y carne, entre otras, quedarán “liberadas”, lo que significa que no deberán tramitar los “certificados de abastecimiento” que requerían para poder salir del país. Este certificado establecía que tal o cual exportación se justificaba porque existía una cantidad del bien suficiente para satisfacer la demanda doméstica. El mecanismo se usaba para evitar que las alzas de los precios internacionales afectaran los precios internos de los alimentos. El de la soja, por ejemplo, tiene efecto directo sobre los costos de las industrias avícola y porcina.
En este momento, cuando los valores de muchas materias primas registran una tendencia declinante, la suspensión de la regulación no conlleva mucho riesgo. De todas formas, no se había dado hasta ahora, pese a los muchos pedidos de que así se hiciera para aumentar las exportaciones y obtener más dólares, en un momento en el que el país ha perdido la mayor parte de sus reservas de divisas internacionales. Se calcula que cuenta con unos 340 millones de dólares, descontando el oro que el Banco Central no tiene autorizado vender. Esta cifra no alcanza para pagar ni un mes de importaciones.
En 2023, las exportaciones fueron menores que las importaciones en 500 millones de dólares. Además de tratar de disminuir esta brecha, el Gobierno busca que los exportadores pongan sus divisas en el sistema financiero nacional, lo que en parte han dejado de hacer porque prefieren conservar los codiciados billetes en sus manos, en el extranjero. Para ello ha inventado un incentivo: por cada dólar que entre, el Estado le dará al exportador, en no más de 15 días, 13 centavos en moneda nacional. Este monto proviene de la devolución de los impuestos gastados por los exportadores, bajo la doctrina de que los gravámenes locales no deben encarecer los bienes destinados al extranjero. El incentivo está en que esta devolución generalmente tomaba muchos meses y un trámite engorroso. Los exportadores que no aporten dólares tendrán que seguir consiguiéndola de esta forma.
Otra novedad importante es la reforma, todavía muy leve, del sistema estatal de venta de combustibles. Este sistema está completamente dominado por el Estado y, hasta ahora, establecía un precio fijo para cada tipo de combustible. Pero, como Bolivia tiene que importar entre el 60% y el 80% de las combustibles que usa, la falta de dólares está causando problemas de abastecimiento que para algunas empresas pueden representar un costo mayor que el de pagar un precio más elevado. Así que, a partir de ahora, habrá subastas de diésel para beneficio de los grandes compradores, que obtendrán un aprovisionamiento seguro y puntual pagando más por litro que el precio oficialmente fijado. Se espera que esta medida, sumada a la realización de importaciones privadas especiales para las grandes empresas, como ya ocurre, por ejemplo, con la más grande mina del país, San Cristóbal, aliviarán en algo la obligación del Gobierno de obtener los dólares necesarios para importar los combustibles que se consumen en el país.
Los importadores se quejan del precio efectivo del dólar que obtienen de los bancos, que es bastante superior al oficial. Cuando recurren a los bancos, se les suma el precio legal, que no es posible alterar, y comisiones bancarias de hasta 25%, con las cuales los bancos se resarcen hasta alcanzar el tipo de cambio de mercado. Para responder a este reclamo, el Gobierno estableció un rango para estas comisiones que va del 5% hasta máximo el 10%. Esto se evalúa como un nuevo intento de fijar el precio del dólar: ahora debería costar como máximo 10% más que los 6,89 bolivianos por unidad, el tipo de cambio oficial. Varios economistas han señalado que esta pretensión fracasará en la medida en que no haya más dólares circulando en el mercado. Además, el establecimiento de un rango para las comisiones bancarias podría dificultar aún más el acceso de los importadores a las divisas.
De forma complementaria, Montenegro ha asegurado que facilitará la entrega de la moneda estadounidense para importaciones críticas, como las de medicamentos. No será fácil. Se supo que los empresarios farmacéuticos pidieron a las autoridades 15 millones de dólares para financiar sus pedidos inmediatos, pero solo obtuvieron tres millones.
Otra medida de relevancia es una autorización para que la empresa privada ponga plantas de biocombustibles por su cuenta y riesgo o, en otros casos, en alianza con el Estado. Por primera vez desde que comenzó el ciclo nacionalista en 2006, se flexibilizará el monopolio estatal de la producción de energía. La importancia de esta concesión es relativa porque los biocombustibles no tienen una gran demanda en Bolivia, pues los consumidores expresan una arraigada inclinación por los carburantes fósiles.
La empresa privada recibió con alegría el paquete de decisiones anunciado por Montenegro. “La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresa su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el gobierno nacional que, además de definir medidas para enfrentar la escasez de dólares, implementa una nueva etapa en la relación público-privada donde se prioriza el diálogo abierto, transparente y directo para analizar las dificultades y encontrar soluciones conjuntas y efectivas”, señaló en un comunicado la principal agrupación empresarial. Algunos grupos de productores agroindustriales de la región de Santa Cruz criticaron que no se haya tratado su reivindicación principal, que es lograr la autorización gubernamental para usar semillas modificadas genéticamente, que están prohibidas en Bolivia, aunque se usan de todas maneras en varios casos. Según los agroindustriales, esta tecnología tiene el potencial de aumentar la productividad agrícola y, por tanto, sus utilidades. Los críticos temen por sus efectos ambientales y por la dependencia de las grandes compañías biotecnológicas que entraña.
El acuerdo con los empresarios es el primero de esta magnitud que celebra el izquierdista Luis Arce, más rígido y distanciado de los sectores privados que su predecesor Evo Morales. Significa una distensión del ambiente cargado de malas noticias económicas que había en el país, sobre todo por la caída de las reservas de divisas y la consecuente devaluación de facto, en un 15%, de la moneda nacional. Y por los anuncios de que, en esas condiciones, las importaciones, incluso las más sensibles, se dificultaban.
Para obtener los recursos que necesita urgentemente, el Gobierno no puede emitir bonos soberanos, ya que el riesgo país, y, por tanto, las tasas de interés, son muy elevadas. Y tampoco puede aprobar los créditos que le conceden otros países y organismos multilaterales, a causa del bloqueo político en la Asamblea Legislativa, donde carece de mayoría desde la división del oficialismo en un ala de seguidores de Arce y otra de adherentes de Morales. Así que los ingresos de las exportaciones son la única fuente de divisas que tiene a mano. Los problemas de la economía siguen existiendo, pero con este movimiento el Gobierno ha ganado un aliado improbable hace no mucho: el empresariado.
