El Gobierno asegura que, a pesar de su “exitosa” lucha contra las pandillas, aún existen miembros criminales en la sociedad, lo que requiere la vigencia de esta medida.
Por Infobae
A pocos días de cumplir dos años desde su implementación, el Congreso de El Salvador aprobó una nueva extensión del régimen de excepción en todo el país. Así, la medida permitirá que durante otros 30 días se supriman los derechos constitucionales y de asociación, se intervenga la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos y se extienda hasta los 15 días la ventana para las detenciones administrativas.
La prórroga contó con el respaldo de 67 de los 84 diputados y estará en vigencia entre el 12 de marzo y el 10 del siguiente mes. Hasta el momento, esta política gubernamental de mano dura contra las pandillas permitió el arresto de unas 78.175 personas y una baja significativa en la tasa de violencia y homicidios que, el 27 de marzo de 2022, llegó a un pico de 62 asesinatos en un sólo día.
Sin embargo, desde el Gobierno de Nayib Bukele aseguran que aún existen miembros de estas bandas criminales escondidos entre la sociedad, por lo que es crucial continuar con estas medidas para evitar un retroceso en la seguridad.
“Dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad, quienes mantienen su agresión a la población y cuerpo de seguridad” es necesario prorrogar el régimen de excepción, se lee en la solicitud.
La violencia en El Salvador fue una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en los últimos años; en 2015 se registraron 6.656 homicidios, lo que lo convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo.
Tras la implementación de la política de Bukele, la inseguridad disminuyó considerablemente, contabilizándose en 2023 apenas 214 asesinatos -38 de ellos de presuntos pandilleros-. En tanto, en lo que va del año, se dieron nueve homicidios en enero, apenas seis en febrero y tres en lo que va de marzo, es decir, 18 en total. El Presidente celebró que febrero fue el mes más seguro en la historia del país, en un intento por destacar el “éxito” de su política, que mantuvo como eje de su campaña para las recientes elecciones.
No obstante, esta decisión suscitó críticas y advertencias de organismos de derechos humanos desde el primer momento.
La organización Cristosal lleva contabilizadas ya más de 3.500 denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y torturas entre otras agresiones mientras que Amnistía Internacional sumó que han ocurrido también muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado junto con tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al respecto, el propio vicepresidente Félix Ulloa reconoció en el pasado que existe cierto “margen de error” en las capturas y que entre 6.000 y 7.000 de los 76.000 detenidos hasta el momento no tenían relación con grupos criminales y fueron liberados meses más tarde.
Con información de AP
