Tegucigalpa – En un giro reciente y controvertido dentro del sistema judicial hondureño, un juez con competencia territorial nacional en materia penal especializada en criminalidad organizada y corrupción modificó las medidas cautelares impuestas al coronel José Rodimiro Arita, quien es el actual jefe del Centro Penitenciario de Morocelí, conocido como La Tolva.
Arita, acusado por el Ministerio Público de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios, fue liberado bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, decisión que ha levantado olas de críticas y preocupaciones.
La acusación se centra en las operaciones que Arita habría facilitado dentro del penal, presuntamente colaborando con maras y pandillas, específicamente la pandilla 18, para introducir grandes sumas de dinero en efectivo.
Se destaca que Arita fue arrestado el 14 de diciembre de 2023 con 445 mil lempiras en efectivo, dinero que, según las investigaciones, estaba destinado a ser entregado a los reclusos.
Las investigaciones del Ministerio Público, llevadas a cabo por un equipo especializado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (FEES-SJ), se han enfocado en rastrear el origen del dinero, identificar quién lo facilitó y determinar las intenciones detrás de estas transacciones, que presuntamente incluyen el lavado de dinero proveniente de extorsiones.
El proceso judicial ha sido turbulento. Inicialmente, el 19 de diciembre de 2023, el director de La Tolva fue sujeto a prisión preventiva. Posteriormente, el 24 de enero, se negó una solicitud para cambiar estas medidas.
Sin embargo, en un movimiento inesperado y bajo los mismos argumentos previamente rechazados, el juez aceptó la petición de la defensa el lunes pasado, permitiendo que Arita se defienda en libertad.
Esta decisión ha sido percibida como un paso atrás en los esfuerzos para combatir la criminalidad organizada dentro de las cárceles de máxima seguridad del país, donde pandilleros han mantenido acceso a significativas cantidades de dinero ilícito.
El Ministerio Público, destacando el peligro que representa la influencia de estos grupos criminales, ha anunciado que presentará un recurso de apelación, mostrando su clara oposición a la decisión del juez y subrayando su compromiso con la justicia y la seguridad nacional.
Este caso no solo resalta los desafíos en la lucha contra la corrupción y la infiltración de las pandillas en las instituciones del Estado, sino que también pone de relieve las complejidades y los dilemas del sistema judicial en el manejo de casos de alta sensibilidad y riesgo.
