TEGUCIGALPA, HONDURAS – René Soto, ingeniero ambiental y miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, ha advertido sobre las graves implicaciones ambientales y logísticas de la construcción de la nueva cárcel en las Islas del Cisne.
Según Soto, la instalación penitenciaria requerirá de 1.5 millones de galones de agua mensuales para abastecer las necesidades de 2,000 reos y personal asociado, un recurso que deberá ser transportado desde tierra firme debido a la insuficiencia de agua potable en la isla.
Durante su intervención en el programa «Frente a Frente» de Televicentro, dirigido por Renato Álvarez, Soto destacó que las localidades costeras cercanas también carecen de infraestructura adecuada para proveer el volumen de agua necesario, lo que podría llevar a la necesidad de construir pozos adicionales para su extracción y transporte. Además, destacó que en verano, muchos ríos de la región presentan caudales bajos o están secos, exacerbando la situación.
La construcción de la cárcel también ha sido criticada por potenciales impactos negativos en el sistema ecológico local. Carolina Alduvín, de la Academia de Ciencias de Honduras, señaló que los desechos producidos por miles de personas podrían destruir la biodiversidad y el arrecife circundante de las Islas del Cisne, consideradas como el «Galápagos de Mesoamérica» por su rica diversidad biológica.
Por su parte, Sara Zelaya, secretaria del Colegio de Biólogos de Honduras, argumentó que el «costo ambiental» de la cárcel superará cualquier medida de mitigación propuesta, poniendo en duda la viabilidad del proyecto desde una perspectiva ecológica.
El ministro de Ambiente, Lucky Medina, presente en el foro, defendió el proyecto argumentando que la oposición forma parte de una campaña contra los planes del gobierno. Sin embargo, los expertos ambientales y parte de la comunidad científica continúan expresando su preocupación, llamando a la administración a considerar alternativas para la ubicación del centro penitenciario.
Este debate subraya la tensión entre los objetivos de seguridad nacional y la preservación ambiental, con expertos y activistas alertando sobre las consecuencias irreversibles que podría tener este proyecto para uno de los ecosistemas más valiosos de Honduras.
