Tegucigalpa – La viceministra de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roxana Rodríguez, aclaró este jueves que en el Presupuesto General de la República aprobado por el Congreso Nacional y publicada en el diario oficial La Gaceta, para el ejercicio fiscal 2020, no hay una partida adicional de 15 millones de lempiras para el sector discapacidad.
En ese sentido, la funcionaria enfatizó que en la Secretaría de Finanzas no hay ninguna partida presupuestaria congelada como arguyen representantes del sector discapacidad, solamente está disponible la asignación que fue incluida en el proyecto de Presupuesto General de la República 2020 que el gobierno entregó al Congreso Nacional y que se canaliza a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
Apuntó que entiende que se presentó una moción encaminado a ese incremento, pero no fue aprobada en el Congreso Nacional y por ende en el Presupuesto General de la República 2020 no existe ninguna partida adicional de 15 millones de lempiras.
Refirió que adicionalmente existen varios programas como bonos e iniciativas de funcionamiento de las instituciones de atención al sector vulnerable que rondan los 128 millones de lempiras.
En el Presupuesto General de la República, para el sector discapacidad se asignaron casi 30 millones de lempiras para la operatividad de las instituciones y centros que trabajan con los grupos vulnerables y que fue la propuesta de la Secretaría de Finanzas aprobada por el pleno del Congreso Nacional.
“Nosotros nos basamos por el ordenamiento y el mantenimiento del equilibrio fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), y en las partidas presupuestarias que fueron aprobadas en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2020”, resaltó.
Por otro lado, Rodríguez manifestó que tal como lo informó la ministra de Finanzas a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, ya se recibieron las instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández y se están haciendo las revisiones dentro del Presupuesto General de la República para identificar la fuente de financiamiento que solicita el Poder Judicial para el funcionamiento de las salas virtuales y otros proyectos.
