Tegucigalpa – El coronel Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se ha visto envuelto en una nueva controversia tras rechazar las denuncias del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Muñoz cuestionó la veracidad de los informes del Conadeh, señalando que «tenemos que ser congruentes y respetuosos de la institucionalidad» y criticando lo que percibe como denuncias infundadas.
En respuesta a las críticas, Muñoz implementó medidas severas, prohibiendo las visitas de familiares a las cárceles y adoptando un discurso polarizador que enfrenta a los «buenos» contra los «malos».
Esta postura ha generado un aumento en las denuncias de abusos por parte de la Policía Militar, incluyendo casos de secuestros y muertes. Entre los casos más recientes, la prensa local informó sobre la muerte de un joven de 22 años a principios de julio, quien fue abatido por disparos mientras evadía un retén militar.
Según el informe forense del Ministerio Público, el joven ya estaba muerto cuando llegó al hospital, contradiciendo la versión del coronel Muñoz, quien afirmó que «levantaron el cuerpo» tras el accidente.
El Ministerio Público ha anunciado que iniciará una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias de esta muerte, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la Policía Militar y sus acciones bajo el estado de excepción.
En un intento por desviar la atención de las crecientes acusaciones contra la PMOP, el coronel Muñoz propuso una medida polémica: la reducción de la edad punible para que menores puedan ser juzgados como adultos, argumentando que muchos están involucrados en actividades criminales con maras y pandillas.
Esta propuesta ha desatado una ola de críticas por parte de defensores de los derechos de la niñez, organismos de derechos humanos y el propio Conadeh.
Grupos como la Red Coiproden, la Secretaría de la Niñez y las Naciones Unidas han advertido que bajar la edad punible contraviene las convenciones internacionales de derechos humanos, a las que Honduras está suscrita.
Según la Convención de los Derechos del Niño, ningún menor de 18 años puede ser juzgado como adulto, y cualquier intento de modificar esta protección se considera una regresión en los compromisos del Estado hondureño.
Las voces opositoras han señalado que esta medida no solo sería violatoria de los derechos humanos, sino que también podría acarrear serias repercusiones internacionales para Honduras.
Mientras tanto, la propuesta de Muñoz se espera que sea debatida en el Congreso Nacional como parte de una serie de reformas penales en materia de seguridad, lo que mantiene el tema en el centro de la discusión pública.
