Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha revelado serias irregularidades en el Hospital San Felipe durante una rueda de prensa encabezada por su directora, Gabriela Castellanos.
La investigación del CNA se centró en tres procesos de contratación directa y una licitación privada realizados en 2023, donde se identificaron acciones irregulares.
Castellanos criticó duramente lo que considera una continuidad de las prácticas corruptas anteriores, incluso bajo la administración actual, afirmando que «no solo heredaron la corrupción, sino que buscan continuar con esos esquemas».
Destacó que se adquirieron bienes y servicios de una empresa sin completar los procesos de contratación necesarios, lo que podría constituir un delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Los principales implicados en este caso son el exdirector del hospital, Carlos Murillo; la exadministradora, Belia Varela; y el exjefe de compras, José Armando Salomón Montoya. Todos ellos han sido denunciados ante el Ministerio Público.
El CNA subrayó la gravedad de este tipo de corrupción, que perjudica directamente el funcionamiento de las instituciones públicas y el bienestar de los ciudadanos.
La investigación también destacó la emisión de facturas por un total de 13.95 millones de lempiras entre febrero y septiembre de 2023, cuyos detalles específicos sobre los servicios provistos no fueron clarificados.
Luis Urbina, jefe de la unidad de investigación del CNA, explicó las irregularidades encontradas en la documentación de las contrataciones, como fianzas inconsistentes y declaraciones juradas incompletas, que apuntan a un intento de dar apariencia de legalidad a acciones ya consumadas.
Urbina también mencionó que las facturas ya estaban emitidas antes de la resolución de los procesos de contratación en septiembre de 2023, lo que sugiere una premeditación en las irregularidades.
Este caso es un recordatorio de los retos persistentes en la lucha contra la corrupción en Honduras, y el CNA reafirma su compromiso de seguir vigilando y exponiendo estas prácticas para asegurar la transparencia y la justicia en el manejo de los recursos públicos.
