Tegucigalpa – El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), ha logrado un avance significativo en el caso del proyecto «Residencias Morazán», que se transformó de un ambicioso plan de vivienda a un escandaloso fraude contra el Estado, costando más de 294 millones de lempiras.
Un juez especializado en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción ha dictado auto de formal procesamiento para seis personas involucradas en este caso.
Los acusados en este caso incluyen a Zonia Margarita Morales, quien enfrenta cargos por violación de los deberes de los funcionarios, fraude y asociación para delinquir. Junto a ella, Mario León Gómez Marini, Lizeth Guadalupe Villatoro, Edmundo del Carmen Cuadra y Juan Ramón Cruz Carbajal son procesados por fraude y asociación para delinquir.
Tania Michelle Montoya también ha sido acusada, enfrentando cargos por administración fraudulenta y asociación para delinquir.
En la reciente audiencia, los fiscales de UNAF presentaron un sólido cuerpo de evidencia que incluyó 150 medios de prueba documentales y cuatro pericias forenses, demostrando la profundidad y seriedad de las investigaciones.
Las medidas cautelares impuestas a los imputados son distintas a la prisión, y la próxima audiencia preliminar ha sido programada para el 19 de septiembre de 2024.
Este caso ha atraído la atención pública y pone de relieve la continua lucha contra la corrupción en proyectos estatales, especialmente aquellos destinados a mejorar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas.
La comunidad espera ahora que la justicia siga su curso y que este caso sirva de advertencia contra futuras malversaciones en proyectos de gran escala.
